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También logra lanzar reforma del INDEC
Gerardo Morales
El proyecto establece un cronograma de «normalización» del INDEC y devuelve la situación laboral de los trabajadores de la entidad al 31 de diciembre de 2006, antes de la intervención del Gobierno y el desembarco de Guillermo Moreno en el organismo.
Los directivos del nuevo INDEC deberán ser nombrados con acuerdo del Senado y se crea una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional integrada por cinco senadores y cinco diputados. Esa Bicameral deberá convocar anualmente a una audiencia pública «para convertir las estadísticas en un proceso democrático y transparente».
Además, habrá un Consejo Federal de Estadística y Censos integrado por las direcciones estadísticas de las provincias, el Poder Ejecutivo y el INDEC que tendrá funciones de asesoramiento del Programa Anual Estadístico y su presupuesto.
«Si las provincias hubiesen tenido un lugar en el organismo rector, se hubiera evitado la vulneración y manipulación de los datos. La garantía de la reconstrucción del sistema nacional está en el trabajo sostenido de los institutos provinciales», dijo ayer el radical jujeño Gerardo Morales.
El cronograma de normalización contempla un plazo de 150 días a partir de la sanción de la ley, plazo durante el cual «el INDEC convocará a los trabajadores que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de promulgación de esta ley a fin de analizar su reincorporación al organismo», según dice el texto.
El dictamen se emitió ayer con la firma de los radicales Morales, Alfredo Martínez y Blanca Monllau, las peronistas federales Hilda Chiche Duhalde y Liliana Negre de Alonso, la justicialista Graciela Di Perna, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, y la rebelde del Frente para la Victoria Adriana Bortolozzi.
La reforma al INDEC es otro de los temas que todos los partidos de la oposición prometieron en campaña. Esta semana fue colocado a la cabeza de los temas prioritarios durante la reunión de todos los bloques opositores que convocaron Morales y Elisa Carrió en el Senado.
Como en el caso de los superpoderes, el 82% móvil para los jubilados o el Consejo de la Magistratura, el proyecto dictaminado ayer golpea de llenó en el centro del modelo kirchnerista. Obligará, de aprobarse, a Cristina de Kirchner a vetarlo con un alto costo político. Cualquiera de esos cuatro temas representa el perfil con mayor imagen negativa de este Gobierno y el de Néstor Kirchner por lo que la oposición avanzará sin demasiados problemas para sumar votos.
Sobre todo, porque el proyecto avanza, más allá de la normalización, sobre la situación de los empleados: mantiene «el personal sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes al 31 de diciembre de 2006, en la medida en que hubiesen sido obtenidos mediante concurso», dice el artículo 14, que además contempla la situación de los desplazados por la intervención kirchnerista: «El INDEC convocará a los trabajadores que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de promulgación de esta ley a fin de analizar su reincorporación al organismo».