Tras varias horas de deliberación, el máximo tribunal español admitió por unanimidad a trámite un recurso presentado por el Ejecutivo español contra la moción independentista aprobada el lunes por la cámara regional, lo que implica su automática suspensión hasta que la corte se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La reacción del Gobierno regional catalán fue inmediata: "Nuestra voluntad política es seguir adelante", desafió en Barcelona su vicepresidenta y vocera, Neus Munté. "No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", subrayó y acusó al Gobierno de Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los catalanes.
El Tribunal Constitucional aceptó también advertir personalmente a 21 autoridades catalanas -entre ellas la titular del parlamento, Carme Forcadell, y el presidente regional saliente Artur Mas- de las consecuencias de desacatar esta suspensión.
Por su parte, la fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada en cuestiones de Estado, difundió un informe señalando que los responsables de la resolución y de su aplicación se exponían a causas penales por "sedición" o "desobediencia", entre otras. Podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión en el caso de sedición.
Horas antes de la decisión de la justicia, Rajoy había asegurado en una conferencia de prensa en Madrid que quienes promovieron la resolución separatista quieren "acabar con la democracia y el Estado de derecho y quebrar la unidad española y la convivencia".
"No lo voy a permitir y cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles", dijo el mandatario, que intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre en las que se juega su reelección.
A primera hora de ayer, el Consejo de Ministros se reunió en sesión extraordinaria para dar luz verde al recurso. "Este recurso no es solo la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país", dijo Rajoy luego.
Los independentistas, con una mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, quieren iniciar un proceso que debe culminar con la proclamación en 2017 de una república independiente en esta región del noreste del país, con 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
La declaración, sin precedentes, estima que el parlamento regional "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".
Los independentistas catalanes ven con desconfianza un Tribunal Constitucional que desde 2010 emitió numerosas sentencias desfavorables a las aspiraciones de secesión o mayor autonomía de esta región mediterránea. Ese año, anuló numerosas competencias adquiridas por la región en un estatuto de autonomía aprobado en 2006 y en 2014 prohibió la celebración de un referéndum de autodeterminación.
| Agencias AFP, DPA, ANSA y Reuters |
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