Tierra del Fuego: demanda penal contra sindicatos

 Tierra del Fuego - El Gobierno provincial activó la vía penal para denunciar a los trabajadores estatales y sindicalistas que impiden el ingreso al edificio gubernamental y dificultan todos los trámites administrativos de la gestión que comanda la mandataria del Frente para la Victoria Rosana Bertone.

Ayer, los gremios ingresaron en la quinta semana de protestas y paros en contra de la reforma previsional que sancionó la Legislatura local en enero pasado. Entre otras cosas, impone el cobro de un "aporte solidario" de entre el 4 y el 8 por ciento de los haberes de los empleados estatales para fondear la quebrada caja jubilatoria provincial.

Días atrás, la gobernadora elevó vía decreto el punto de partida para activar el aporte solidario, que será para quienes ganen más de $ 26.000 mensuales. Además, el paquete de la reforma incluye un nuevo piso de edad para jubilarse. Los sindicatos exigen la derogación de las normas, pedido al que el Ejecutivo dejó claro que no avalará.

Según indicaron medios locales, el secretario general del Gobierno de la provincia, Javier Eposto, se presentó ante el fiscal de turno Nicolás Arias y denunció que los representantes gremiales efectúan "distintos actos de intimidación" para impedir la entrada de funcionarios y trabajadores. De hecho, Bertone no ingresa a su despacho desde el 8 de marzo pasado.

Ayer se dio una situación insólita y, a su vez, preocupante, cuando el titular de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, solicitó a la empresa Camuzzi que se retiraran los medidores de gas del edificio, con el objetivo de "preservar la integridad física" de quienes estuviesen cerca del inmueble.

El Gobierno dijo que "15 trabajadores que participan del piquete en el acceso a la DPOSS denunciaron ante Camuzzi que existen pérdidas de gas en el edificio", pero que "mientras tanto, bloquean el ingreso utilizando fuego".

Por otra parte, el fiscal mayor Guillermo Massimi dio ingreso al proyecto de "iniciativa popular" para el pedido de derogación de la reforma previsional, tras una solicitud de un sindicato de Ushuaia. Ahora, falta la resolución del juez.

En caso de activarse ese proceso, los trabajadores comenzarán con la recolección de firmas para elevar el proyecto a la Legislatura. Sin embargo, el FpV recibió ayer el respaldo de un sector de la Unión Cívica Radical para frenar ese objetivo.