Toda la acción, desde ayer, en manos del juez

Ricardo Echegaray fue el primero que ayer acusó formalmente recibo luego de la batería de pedidos de indagatoria que formuló el fiscal federal Jorge Di Lello en el marco de la llamada trama Ciccone. Su abogado presentó un escrito de seis carillas ante el juez Ariel Lijo, a quien le solicitó que se pronuncie sobre el estado actual de su representado en la causa. La semana pasada, el jefe de la AFIP ya había declarado por escrito y se había distanciado de Amado Boudou.

Echegaray retomó ayer la misma explicación que viene esgrimiendo desde que comenzó el caso: que cuando Boudou, en ese entonces ministro de Economía, le requirió una serie de medidas de la AFIP para favorecer la situación de la calcográfica él se negó.

Ocurre que el director del ente recaudador no llegó al trámite judicial por esa negativa, sino porque un año después de ella le aprobó un plan de financiamiento a Ciccone cuando ésta ya estaba bajo el control de la empresa The Old Found, cuyo titular era el abogado Alejandro Paul Vandenbroele. Esa decisión le permitió a Di Lello enmarcarlo en la lista de complicidades que beneficiaron a The Old Found cuando ésta se hizo cargo de la empresa calcográfica.

"No me queda claro cuál es mi estado procesal. Si soy un auxiliar de la Justicia, un testigo -como VS (el juez) recientemente me citó- o como imputado como lo consideraron el fiscal actuante y los Dres. Pirota y Durañona (defensores de Boudou) o si seré indagado- como ahora lo requiere el fiscal", expresó Echegaray en el escrito.

El funcionario le agregó, de este modo, nuevas presiones al juez Lijo, quien esperaba resolver sobre supuestas indagatorias recién a partir de mediados de año, de ahí la serie de medidas de instrucción que todavía tenía en estudio. En las últimas horas ha crecido, tal vez de modo irremontable, la diferencia de criterios entre el juez y el fiscal de la causa que inquieta a sectores del kirchnerismo.

El próximo escenario donde el vicepresidente deberá resistir es la Cámara de Casación Penal federal, ámbito crucial y donde todavía resta la definición de un planteo de queja que impulsaron sus abogados. El antecedente más reciente no es alentador: se trata de los mismos jueces que convalidaron la validez del testimonio de la exesposa de Vandenbroele, Laura Muñoz.

Antes de este asunto, la Cámara debe definir si acepta la recusación de Boudou contra el juez Juan Carlos Gemignani, quien en un escrito audaz consideró que la vida de Muñoz se encontraba en "estado de peligro".