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Tres gobernadores a la Corte por promoción
Por el Gobierno asistirán el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; y el director de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El caso que desató el conflicto fue el de la empresa Orbis, radicada en San Luis. Sin embargo, San Juan y La Rioja fueron reconocidos como terceros interesados, por el impacto que un fallo contra las empresas podría acarrear a las economías provinciales.
El Estado nacional reclama $ 1.000 millones en concepto de actualización de bonos por parte de las empresas que cuentan con el beneficio de la Promoción industrial.
La Nación, a través de la AFIP, plantea que los emprendimientos industriales paguen los impuestos que no abonaron durante casi una década por considerar que contaban con fallos judiciales que los favorecían.
El secretario de Promoción e Industria de La Rioja, Miguel De Gaetano, advirtió que «de no tener un efecto positivo hacia las empresas radicadas, es imposible que las empresas puedan hacer frente a la cuantía que les están pidiendo que hagan frente».
El funcionario planteó, además, su queja por las demoras para conseguir los incentivos fiscales necesarios para que las empresas permanezcan en la provincia. «Son fundamentales para mantener los diez mil puestos de trabajo», alertó.
Ayer, en la previa a la audiencia, los gobernadores de las tres provincias se reunieron en Buenos Aires con legisladores nacionales para acordar los términos de su propuesta.
En este contexto se espera que el Estado Nacional proponga una moratoria y plan de facilidades para que las empresas devuelvan los bonos ya consumidos.
En este sentido, el diputado nacional Jorge Yoma anticipó que las provincias enfatizarán el impacto social y las cuestiones técnicas referidas a la reexpresión de los bonos de créditos fiscales que no fueron actualizados.
La promoción industrial rige desde la década del 80 en San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan. El régimen está amenazado desde 2010, debido a que el Gobierno aún no promulgó el decreto que extiende por 15 años la exención de Ganancias y del IVA para las empresas.
La razón de la demora se encuentra en las idas y vueltas de otro conflicto que también escaló a la Corte Suprema, cuando la provincia de Mendoza pidió ser incorporada al beneficio por el perjuicio que representa para su economía la falta de un incentivo fiscal como el que reciben las provincias vecinas, con matriz productiva similar.
La demanda había sido realizada por la cámara de empresarios de San Rafael, pero en marzo el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme la vigencia del beneficio sólo para cuatro provincias.
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