Triaca adelanta hoy Consejo del Salario con jefes de CGT

Negociadores. El triunvirato de CGT, que integran Daer, Schmid y Acuña, fue convocado al encuentro con Triaca por el salario mínimo.

El Gobierno buscará hoy convencer a la CGT de acordar un aumento moderado del salario mínimo para evitar un mayor impacto en las cuentas públicas por su repercusión en los planes sociales y eventualmente en la paritaria docente. Será durante una reunión entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la "mesa chica" de la central, que se programó en reserva durante el fin de semana y que prevé anticipar el debate formal pautado para el martes que viene. La expectativa oficial es fijar el piso salarial en torno de los 10 mil pesos, lejos de los planteos de algunos sectores sindicales y de organizaciones sociales que reclaman situar más cerca de 15 mil pesos ese monto.

El encuentro quedó pautado para las 18 en la sede del gremio de Sanidad, una suerte de sede paralela de la CGT para cumbres más reservadas. Con algunos dirigentes todavía en Europa -parte de la amplia delegación gremial argentina para la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo- el funcionario extendió la invitación al grupo más reducido de decisión que integran los miembros del triunvirato, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña; el mercantil Armando Cavalieri; los "independientes" Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri y los referentes del transporte Roberto Fernández (UTA, colectiveros) y Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad).

Triaca ya les había adelantado a los sindicalistas de la CGT que cruzó en Ginebra, Suiza, su intención de replicar en el Consejo del Salario la pauta de suba cercana al 20% que acordaron los gremios con mayor volumen de afiliados como Comercio, UOCRA (albañiles) y UPCN. Ese ajuste implicaría elevar el piso de los actuales $8.060 a $9.672 pesos. En la cúpula de la central reconocieron no tener mayores objeciones a ese planteo y estimaron que, como expectativa superadora, pedirán aumentar un 25% el mínimo para llevarlo apenas por encima de los 10 mil pesos.

El salario mínimo, que desde la reactivación del Consejo, en 2004, fue en esencia un debate político entre el Ejecutivo, la CGT y las cámaras empresarias -la CTA participó como invitada y siempre votó en disidencia- este año tendrá por primera vez una gravitación directa sobre el valor de los planes sociales. Hasta entonces era una mera referencia para los trabajadores no registrados y para otros contratos carentes de un ajuste formal, y apenas alcanzaba de manera a unos 200 mil asalariados no regidos por Convenios Colectivos. La sanción a fin de 2016 de la ley de Emergencia Social marcó que el salario social (la asignación de base que perciben los beneficiarios de planes) debe ser por lo menos la mitad del mínimo, vital y móvil. Como informó este diario, los subsidios que perciben unos 400 mil beneficiarios de planes dependen de manera directa del valor establecido en el Consejo del Salario. De ahí que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP, la organización con "personería social" asignada) reclamara integrar la mesa de debate. A ese factor debe agregarse la todavía no resuelta paritaria docente. La normativa establece que el sueldo de los educadores debe ser al menos 20% superior al establecido como salario mínimo. La negativa del Gobierno a montar una paritaria nacional docente desdibujó en parte ese planteo, aunque los gremios mantienen intacto su reclamo. Entre los gremios docentes ya avisaron que buscarán incidir en el debate tripartito para presionar en favor de los salarios del sector. El último posicionamiento público respecto del salario mínimo lo tuvo en la CGT uno de sus triunviros, el portuario Schmid, que dijo que la referencia para la negociación deberían ser los casi 15 mil pesos en que estás situada la canasta básica para eludir la pobreza. Llevar el piso a ese monto implicaría subirlo casi 86 por ciento, algo que sus propios pares de la central descartan por inviable por varias razones: por un lado, saben que ningún empresario aceptaría firmar ese ajuste, y tampoco el Gobierno, y por otro admiten que semejante monto los dejaría mal parados frente a sus propios afiliados, a los que este año se les asignaron incrementos paritarios muy por debajo de ese parámetro.