Jueces consideraron que direccionamiento de contratos en Santa Cruz y blanqueo de u$s 60 millones son parte de misma maniobra. Polémica designación de magistrados anticipa recusaciones.
Anticipo. El 28 de agosto de 2017, Ámbito Financiero adelantó que se perfilaba una “Megacausa Cristina” con todos los expedientes bajo investigación que apuntaban a unificarse en un mismo juicio, con posible comienzo recién en 2019.
Con un desenlace que Ámbito Financiero anticipó en agosto pasado, las causas contra la expresidente Cristina de Kirchner apuntan a ser unificadas en un "megajuicio" oral y público que englobe todas las maniobras por las que es investigada junto a Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal N° 2 declaró ayer que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del empresario de la obra pública en Santa Cruz es "conexa" con la de maniobras de lavado de dinero que había sido elevada a juicio el pasado 6 de febrero, por lo que ambos juicios deberán unificarse. Para ese proceso, había resultado sorteado el Tribunal Oral Federal N°9, cuyos integrantes migraron de la Justicia Nacional a Comodoro Py, a partir de una ley que aplicó el Consejo de la Magistratura. Así se cumple parte de lo esbozado por la Cámara Federal, que en 2016 había exigido que todas las causas que involucraban a la exmandataria se analizaran de manera integral.
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El TOF 9, integrado por Alejandro Noceti, Silvia Mora y Alejandro Becerra también había sido sorteado para llevar adelante el juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, elevada el lunes por el juez Claudio Bonadio. Si es así, tendrán sentada a Cristina en el banquillo por partida doble. Es de esperar que las defensas de los imputados hagan su propia jugada y recusen a los magistrados, dado que su designación como jueces federales de juicio no se llevó a cabo por un concurso, sino utilizando el articulado de la Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales aprobada por el Congreso, que consignaba que con solo 7 votos de 13 en el Consejo se podría convertir un tribunal "ordinario" en "federal".
Cristina de Kirchner fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan en la causa por la que está detenido Báez tras el testimonio del valijero Leonardo Fariña. Sin embargo, hubo un reiterado tironeo entre el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF) por su llamado a indagatoria. El juez se negó a convocarla pese a los insistentes pedidos de la UIF, a quien le replicó que para justiciar una citación debía aportar pruebas de su vinculación con los hechos que contenía su expediente. La Cámara lo instó a definir, pero Casanello se mantuvo en su postura y envió a juicio a Báez dentro del primer paquete, a pesar de que mantiene abierta otra parte de la investigación con Cristina como imputada.
Así, habrá un solo juicio que tenga a la exmandataria y a la plana mayor de su gabinete junto a exfuncionarios de Vialidad Nacional y provincial, además de Báez y sus hijos. Resta saber qué ocurrirá con otras dos causas que vienen más rezagadas y giran en torno a presuntas maniobras tras el otorgamiento de obra pública: Los Sauces (con procesamientos confirmados) y Hotesur (con expectativa por la decisión inminente de Julián Ercolini), vinculadas a los alquileres de hoteles y propiedades de la familia presidencial, también relacionadas con Báez. Detenido en el penal de Ezeiza, fue abandonado ayer por su defensa a cargo de Maximiliano Rusconi, que adujo "diferencia de criterios" con su cliente. La maniobra a juzgar es por el giro de u$s60 millones.
"Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos, pues la imputación que pesa sobre Lázaro Antonio Báez (en la causa del lavado) resulta más grave que la efectuada en estas actuaciones", sostuvieron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini. En la resolución, los magistrados justificaron que la causa por lavado de dinero contra Báez que ya tenía el TOF 9, prevé penas más graves (de hasta 13 años y cuatro meses de cárcel) que la de la obra pública en Santa Cruz (diez años). Por eso, debe ser ese Tribunal el que juzgue todo en una megacausa porque investiga un delito "más grave". El dato es que también dejó abierta la incorporación eventual bajo ese criterio de más causas, que como adelantó este diario, podría volver el proceso engorroso e interminable. En el cúmulo de expedientes en los que está investigada la expresidente, la acompañan al menos 70 personas, con sus respectivos defensores.
Por lo pronto ya se produjo el primer traspié: el fiscal que debía intervenir en el juicio, Carlos Giménez Bauer presentó su renuncia para acogerse a la jubilación. Será efectiva a partir del 1 de mayo, pero obligará a la Procuración General a asignar un reemplazante que acepte el cargo y lleve adelante la acusación.
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