UCR buscará frenar ante la Justicia el proyecto minero

• Sigue la tensión en Famatina.• Para el PJ hay que dar debate serio para comprender valor de minería

Desde hace tres semanas los vecinos de Famatina bloquean el acceso al cerro donde la empresa canadiense planea realizar su proyecto de explotación.

La Rioja - La ebullición social que se vive en Famatina por la resistencia de los habitantes a la explotación minera sumó la adhesión de diversos sectores de la política nacional y provincial. Una de las voces de la oposición que se sumó es la del diputado nacional por la UCR Julio Martínez, que anunció que reclamará a la Justicia la anulación del contrato entre el Gobierno de Luis Beder Herrera y la empresa Osisko porque, a su criterio, violaría leyes nacionales, como la que prohíbe acuerdos con empresas que tienen intereses en las islas Malvinas.

«A nivel nacional se está discutiendo el tema Malvinas. El imperio británico nos trata de colonialistas y refuerza la presencia militar en las islas. Mientras tanto, el gobernador Beder Herrera hace convenios con Osisko y esta empresa está vinculada con grupos inversores que se están robando los hidrocarburos de nuestras islas», afirmó.

Martínez anunció que esta semana acudirá a la Justicia Federal junto a la organización Conciencia Solidaria, pero aún no decidió, dijo, si realizará una denuncia para iniciar una investigación o presentará un recurso de amparo.

El legislador también consideró que el contrato estaría violando la ley de glaciares, que aún no entró en vigencia a causa de recursos de amparo presentados por el Gobierno de San Juan y la empresa minera Barrick Gold que opera en esa provincia.

Desde la vereda opuesta, el diputado nacional por el kirchnerismo Jorge Yoma opinó que «La Rioja necesita saber la dimensión de su riqueza mineral» y pidió a su vez a la gente no dejarse llevar por políticos opositores «con discursos facilistas que buscan el aplauso». Se mostró a favor «de que La Rioja tenga un debate serio con técnicos que saben del tema, para que la sociedad sepa por qué la minería es sustentable en países desarrollados». Finalmente, aseguró que «el Gobierno no sólo tiene el derecho, sino la obligación de explorar las posibilidades de desarrollo y crecimiento que la minería le otorga a la provincia».

Desde hace 20 días los manifestantes mantienen cerrado el camino al yacimiento, en Alto Carrizal, una medida de fuerza que ha tenido el respaldo de distintas organizaciones a nivel nacional.