• GOBIERNO QUIERE AHORRAR $123.000 MILLONES Y LLEVAR EL DÉFICIT A 3,2% EN 2018 Se aplica una máxima peronista a la inversa: avanzar sobre los de mayores salarios. Hacienda se juega a una suba importante en la recaudación, ya en 2018. Pero hay miedo a la caída en el consumo.
Marcos Peña.
Serían, aproximadamente, $ 123.000 millones. Ese es el número que el gobierno de Mauricio Macri tiene ahora como meta final para el 2018. Ese es el nivel de baja casi exacta que deberá tener el déficit fiscal durante el próximo ejercicio. Todas las medidas anunciadas ayer, presentadas como un paquete fiscal HD de alta resolución, apuntan a lograr ese número. Esos $123.000 millones son el resultado de reducir el déficit fiscal proyectado para el 2017 de un 4,5% del PBI, para lograr un desequilibrio en las cuentas públicas de 3,2% en el 2018. Sería el primer paso concreto que daría la gestión de Mauricio Macri en su objetivo final para sus "primeros" cuatro años de gestión. Conseguir en diciembre de 2019 un déficit de menos de 2%; como trampolín, en caso de una reelección, para una gestión 2019- 2023 donde la Argentina conseguiría en tan ansiado galardón de volver al superávit fiscal, meta que no se consigue desde la gestión de Néstor Kirchner. Está convencido el Presidente, y lo acompañan en la visión tanto el jefe de Gabinete Marcos Peña y su vicejefe Mario Quintana, como los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo; que sólo con esta vía el país puede pensar en dominar a la variable más chúcara de la macroeconómica local: la inflación. La convicción del Ejecutivo (asentida con la cabeza por el BCRA de Federico Sturzenegger), es que el dominio del IPC está directamente relacionado con la reducción del déficit, y la consiguiente baja en la necesidad de emisión monetaria o endeudamiento externo. Y para esto, la única manera de darle oxígeno y comenzar la sanación de las cuentas públicas sin abjurar el gradualismo como mayor restricción, especialmente política; es mostrar a los operadores internos, pero fundamentalmente externos, que el indominable déficit fiscal está en baja.
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El porcentaje de reducción de 4,5 a 3,2% fue impuesto por el propio Presidente. Lo blanqueó el 23 de octubre, un día después de su triunfo en las elecciones legislativas, donde al discurrir sobre varios temas d la agenda económica, dijo que "mientras Argentina tenga déficit fiscal va a seguir teniendo que tomar deuda. Tenemos un compromiso central que es reducir la pobreza y el primer camino es bajar la inflación. Por eso, si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que hacer con deuda"; y que "es importante seguir avanzando en esta reducción gradual del rojo fiscal, es el compromiso que asumimos desde el primer día y vamos a aprobar en el Congreso un Presupuesto que comprometa que el déficit sea menor al 3,2% en 2018". Esta dos frases son la clave de lo que realmente Macri tiene en mente y como se diseñó el paquete que ayer comenzó a tomar vida propia y que ahora deberá ser discutido en el Congreso.
El gobierno avanza en una máxima peronista, a la inversa. Una máxima de la política criolla afirma que sólo un gobierno de raíz justicialista, puede impulsar exitosamente medidas que afecten (aunque sea ideológicamente) a los sectores más populares. Lo hizo Carlos Menem (ajustes varios y privatizaciones), siguió brevemente el ejemplo Eduardo Duhalde (corralón y devaluación) y lo complementaron Néstor y Cristina Kirchner (Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia). Mauricio Macri aplica la receta a la inversa. Si se coincide con que el actual gobierno se ubica en algún tipo de centroderecha, se considerará más factible avanzar en reformas estructurales que afecten a los sectores que una gestión de este tipo buscaría defender. La aplicación del impuesto a la renta financiera, la suba de los aportes previsionales para los salarios más altos, la aplicación de impuestos internos a las bebidas con alcohol y a los servicios vía internet y el cambio en el cálculo indexatorio para las jubilaciones (que afecta más a las de mayor nivel); van en este sentido.
En la aplicación del paquete que Dujovne develó ayer, y que tuvo cambios de último momento elaborados hasta el domingo pasado (especialmente en la presión de las alícuotas); hay una estrategia fiscal que sigue una pauta elaborada por Néstor Kirchner en los tiempos de bonanza sojera. Se subcalculaba la recaudación, aumentaba la presión inmediata de impuestos (retenciones y Ganancias) y cualquier beneficio (devolución del IVA y cálculos de inflación sobre activos), se extendía en el tiempo a los ejercicios subsiguientes. El paquete que presentó el ministro de Hacienda tiene la misma impronta. Los nuevos ingresos son de recaudación inmediata. Se sabe en la liturgia tributaria que los impuestos internos son los de mayor facilidad recaudatoria, sólo comparables con el impuesto al cheque. Lo mismo sucede con la liquidación del IVA a los servicios de internet. La misma lógica se aplica a la mayor presión previsional sobre los salarios más altos y a los cambios en los cálculos de liquidación de las jubilaciones. De confirmarse el paquete, estas mejoras en la recaudación se percibirán el mes posterior a su aprobación. Como contrapartida, las mejoras pasan a los ejercicios posteriores a su aplicación. Los cambios en la liquidación de ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos, tendrá una reducción de 35 a 25%, pero con un cronograma que comenzaría a aplicarse efectivamente en 2019 y termina en 2022. En otras palabras, los aumentos en la recaudación comenzarán a llegar a las arcas del estado en 2018 mientras que las pérdidas en 2019, y a cuentagotas. En el medio, se descarta en la Casa Rosada, la actividad económica mejorará, los números generales de la economía serán más generosos y habrá una suba en los niveles de confianza. Como corolario de esta situación, la recaudación subirá varis puntos por encima de la inflación y los 132,000 millones estarán cada vez más cerca.
El programa tiene un riesgo, no menor. Como todo ajuste fiscal basado en mayor presión sobre el consumo y una pérdida inevitable en el poder adquisitivo, (a los nuevos tributos se le suma una mayor carga sobre los servicios públicos), la gestión podría derivar en un atentado al consumo interno, con la consecuente pérdida de humor de la clase media criolla. Lo sabe el gobierno, que deberá atender al máximo la situación recurriendo a todos los mecanismos que el duranbarbismo tiene en catálogo. Sin embargo la aplicación podría sufrir una complicación: el plan no resiste un "cisne negro". Cualquier alteración grave en la economía que no pueda anticiparse afectaría toda la estantería fiscalista y obligaría a un Plan B que añeje todo fantasma que recuerde el final que dejó el último que aplicó seriamente un programa de este tipo: José Luis Machinea.
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