Mauricio Macri anunció ayer que había instruido a su defensa para que acelerara el trámite judicial en la causa por la que está procesado como supuesto partícipe de una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales, pero los plazos de la pesquisa podrían ser mucho más largos de lo que pretende el jefe de Gobierno porteño.
Sólo la resolución de los varios recursos ya planteados por los abogados de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, llevará varios meses, cuando se retomen las actividades en Comodoro Py, al terminar la feria judicial. Por el momento, estos son los planteos que deben resolverse:
Pedido de nulidad: la defensa de Macri hizo una presentación ante el juez federal Norberto Oyarbide, en la que se solicitó la nulidad de la pesquisa. Como argumento principal, los abogados del jefe de Gobierno porteño sostuvieron que la investigación debía ser inhabilitada porque se habría iniciado con un delito: el supuesto llamado de un agente de la SIDE al familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, advirtiéndole sobre la intervención irregular de su teléfono. La identidad del autor de la llamada no ha sido acreditada por el juez, ni se pretendía indagar en ese punto, pero el planteo de Macri cambió la situación. Ahora, el magistrado evalúa pedir más medidas de prueba para profundizar sobre este aspecto de la causa y contestar el pedido de nulidad, lo que extenderá los plazos.
Recusación contra Oyarbide: el pedido de apartamiento que impulsó la defensa de Macri ya fue rechazado por el juez y la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña. el tribunal de alzada sí hizo lugar, en cambio, a la apelación de los abogados del jefe de Gobierno, por lo que el planteo fue elevado a la Cámara Nacional de Casación Penal. Ahora, el máximo tribunal penal del país debe decidir si hace lugar al recurso extraordinario y analiza la recusación. En caso de rechazarlo, la defensa puede presentar, además, un recurso de queja con el mismo planteo.
Apelación del procesamiento: según anunció la defensa de Macri al conocerse la confirmación de la Cámara Federal, esta resolución será apelada también ante la Cámara de Casación Penal. Si bien este tribunal en general desestima recursos que no estén vinculados a la supuesta violación de garantías constitucionales, podría hacer lugar en este caso al recurso extraordinario, aceptando el argumento de la «gravedad institucional» que implica el procesamiento de un jefe de Gobierno. Como en el punto anterior, si rechazan el planteo, los abogados pueden presentar un recurso de queja.
Más allá de los recursos pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales, dependerá de Oyarbide decidir el momento en el que la causa deba ser elevada a juicio oral y público. Esto podría llevar varios meses, sobre todo si se tiene en cuenta que el juez está profundizando la pesquisa sobre el resto de las pinchaduras, como le instruyó la Cámara Federal en marzo pasado.
El resto de los teléfonos intervenidos podrían tomar mayor relevancia si se tiene en cuenta además que, en su último fallo del jueves pasado, el tribunal de alzada dio por acreditado el supuesto armado de un aparato de inteligencia ilegal, que habrían sido apañado por Macri como jefe de Gobierno. En este punto, las decisiones que tome Oyarbide respecto de Osvaldo Chamorrro, quien fuera el segundo de Jorge Palacios en la Policía Metropolitana, también podría ser clave. Y cuantos más imputados tenga la causa, más tiempo llevará cerrarla para ser elevada a juicio.
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