Una maniobra para resguardar futuro veto K

Veinte días atrás, Cristina de Kirchner terminó de interiorizar, con delay y por espasmos, que el 11 de diciembre la acechará la tempestad en un Congreso que, como mínimo, no responderá mecánicamente o, incluso, funcionará como una usina crítica.

La revelación se produjo en la pulseada por la ley de medios K, cuando, entre las hipótesis, se evaluó la opción de un futuro veto a una reforma opositora. Ahí alumbró un riesgo imprevisto: que el Congreso le imponga al Gobierno leyes «por izquierda», según el prisma K.

El criterio es lineal. ¿Podría, en diciembre o marzo, Cristina de Kirchner vetar un proyecto que vote el Congreso con una asignación universal, no sólo para los hijos de desempleados, y de 800 pesos al menos, y no 180, como el que diseñaba un núcleo opositor?

En ese caso, la Presidente debería optar entre el costo político de tener que rechazar un proyecto con aval mayoritario y el costo fiscal, inmanejable, de más de 30 mil millones de pesos, en vez de los 9.700 millones que requiere el programa cristinista.

«Hay que preservar el veto de Cristina. Si tiene que vetar, que vete temas con menos consenso social», fue el mandato que rigió la lógica oficial. No es lo mismo, razona Olivos, usar el veto para tumbar un retoque a la ley de medios que para rechazar un plan contra la pobreza.

Ese asunto, se sabe, aparece en la agenda de la oposición, fue expuesto por la Iglesia y figuraba, a corto plazo, como un ítem en que todos los bloques anti-K podrían ponerse de acuerdo en el Congreso para alumbrar un proyecto de asignación universal.

Apuro

Por eso, hace 15 días, Cristina de Kirchner convocó a los ministros Amado Boudou, Carlos Tomada y Alicia Kirchner para sondearlos sobre la factibilidad de un plan de renta universal. Antes lo charló con Carlos Zannini y más tarde convocó a Diego Bossio, titular de la ANSES.

En ese tránsito, contempló una alternativa riesgosa: imponer un impuesto a la renta financiera para fondear el programa de Asignación Universal. Boudou arrimó números en los que ese tributo podría ser muy crítico y, en paralelo, tener un bajo impacto de recaudación.

Al final, se desechó, y el ministro de Economía, en consulta con Tomada y Bossio, diseñó la estructura financiera, con fondos de la ANSES, para garantizar el fondeo. Entre tanto, apareció Alicia Kirchner con el dato clave: el plan debería asistir a 2.678.276 niños y jóvenes.

Anteanoche, primero en Casa Rosada y luego en Olivos, se completó el esquema que Zannini, desde el lunes, venía puliendo en reserva. Hasta entonces, hoy inclusive, el momento del anuncio se mantenía encriptado. Más de un ministro se enteró sobre la hora.