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Una nueva cautelar (antitarifas) prohíbe cortar gas por impago
Juez ordenó a prestadoras que se abstengan de interrumpir el suministro a usuarios de todo el país. Consideró que el Estado debe garantizar servicio “esencial”. Gobierno apela e insiste en su escudo anticautelares.
Hoy la cuestión registra procesos simultáneos ya que la Justicia federal de La Plata y la de Junín por citar ejemplos- han inscripto en el registro de la Corte los casos para avanzar con sus resoluciones, mientras que el Gobierno logró que la Justicia en lo Contencioso Administrativo superpusiera acciones similares y reclamara tramitar las demandas y que el resto de los jueces se inhiban.
La Asociación de Consumidores Argentinos señaló la ausencia de realización de audiencias públicas para el establecimiento del último aumento de la tarifa de gas (aplicado en abril), en lo que hace al llamado punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), uno de los tres componentes, junto con el transporte y la distribución, con los que se conforma el precio final que pagan los consumidores.
Audiencia
También tuvo en consideración que, según plantea el escrito que ingresa en etapa de análisis, los usuarios podrían estar abonando por este concepto, un precio en dólares superior al de mercado, a partir de una acción presuntamente "ilegítima" del Estado a través de distintas resoluciones del ENARGAS. Se subrayó que durante los años 2016 y 2017, el Ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren convocó a audiencia pública por el valor del PIST.
Fuentes oficiales preanunciaron una segura apelación a la decisión del juez que tendrá que ser dirimida por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Eso más allá de tener que cumplir con el informe requerido en la Ley de Cautelares y de insistir con que no son fueros competentes para tratar la validez de los aumentos.
Ramos Padilla consideró que el suministro de gas "se trata de un derecho que el Estado debe garantizar, y que dada la época del año, el registro de bajas temperaturas y el riesgo que se podría generar, en especial a los sectores más vulnerables de la población, si se impidiera a los usuarios el acceso a este servicio público esencial". Recién cuando se respondan los informes y el Gobierno defienda su decisión sobre los aumentos, el juez se abocará a resolver el objetivo de la demanda: retrotraer los valores a diciembre pasado.
Gabriel Morini |
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