Una orden de pago que se frenó antes de votarse

El caso Greco estalló el 29 de noviembre de 2006 en plena sesión del Senado, luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el que se solicitaba autorización al Congreso para ampliar la emisión de bonos destinada en 2006 a cancelar deuda consolidada en $ 1.300 millones más.

A diferencia de la Cámara baja, que aprobó el pago sin investigar a quién estaba destinado, los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz se negaron a aprobar la orden del Ejecutivo hasta saber a quién se iba a pagar con esos bonos. Dentro de la orden de pago ordenada por el entonces presidente Néstor Kirchner y tramitada por Felisa Miceli, en ese momento a cargo de Economía, $ 600 millones estaban destinados al grupo empresarial mendocino, en litigio con el Estado nacional desde la década del 80.

El conflicto entre los Greco y el Estado comenzó a principios de esa década, cuando el Gobierno militar intervino las casi 40 empresas y bancos del grupo mendocino, lo que generó un litigio judicial que se prolongó durante todos los años 80 y 90. Durante este período, el Estado siempre había sostenido la postura de negarse a pagar la suma que reclamaban los Greco -más de $ 300 millones- y exigir, por su parte, deudas impagas por parte de la empresa.

A partir de 1991 el caso dejó de ser manejado por la Procuración del Tesoro y su seguimiento comenzó a realizarse en el Ministerio de Economía. Años después, y sin mediar nuevos elementos para cambiar de posición, los abogados del área de Entes Liquidados y de Asuntos Jurídicos de la cartera comenzaron a evaluar el caso exactamente al revés de como se había planteado en un principio: recomendaron el pago a los Greco. La suma a pagar además se duplicó, al incluir los intereses del pago en bonos: el grupo recibiría unos $ 600 millones.

Todo este entramado se destapó en el Congreso, al detectarse que la orden de pago destinada al rubro «deuda con proveedores» correspondía en su mayoría a los Greco. El propio kirchnerismo ordenó suspender todo trámite de pago y se reunieron los votos con el radicalismo en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para ordenar a la Auditoría General de la Nación que interviniera en el caso.