La ley, que fue aprobada con el voto de 50 de los 75 diputados presentes y ahora el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 120 días para reglamentarla, había obtenido media sanción de Diputados a fines de 2013, pero la semana pasada el Senado introdujo reformas y tuvo que volver a la Cámara de origen.
La iniciativa entiende "por servicio de comunicación audiovisual a un servicio que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión" y busca la "promoción del pluralismo y la diversidad", junto con la "no discriminación".
La ley destaca que "la potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas".
"El ejercicio de las facultades del Estado frente a los medios de comunicación debe hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión y nunca será utilizado como una forma de censura indirecta", suma el texto. Entre otros puntos, el texto aprobado se refiere a la titularidad de los medios y busca evitar los monopolios y los oligopolios; propone que los propietarios de medios paguen un canon por el uso del espectro, multas de distinto calibre por infracciones, impulsa la producción nacional y limita la emisión de imágenes violentas.
El presidente José Mujica se había expresado a favor de la ley. A su entender, "la peor amenaza es que todavía venga alguno desde afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando. Más clarito: yo no quiero que Clarín, Globo o Carlos Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay".
En esa línea, y según el artículo 106 del proyecto, las personas jurídicas aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual deberán cumplir, como mínimo, requisitos como "no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria". Además, el artículo 51 concreta que "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios".
El artículo 55 avanza en esa dirección y regula que "el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) del total de hogares con televisión para abonados de todo el país". Por su parte, el presidente electo, Tabaré Vázquez, anunció el pasado 7 de noviembre su compromiso de reglamentar y hacer cumplir la ley que definió como "impostergable".
| Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero |
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