Uso de aviones oficiales: Casación fulmina con nulidad instrucción de causa contra cfk

La sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Llorens, Bertuzzi y Bruglia.

Cristina de Kirchner

El máximo tribunal penal del país declaró la nulidad de todo lo instruido por el juez Claudio Bonadio, a quien había apartado por recusación, en el proceso en el que se investigaba el presunto uso irregular del avión presidencial por parte del expresidente Néstor Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El criterio impacta en otros procesos instruidos por el fallecido magistrado, particularmente en el caso “Cuadernos”, de la que esta es un desprendimiento.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, resolvió este martes hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez Claudio Bonadio y apartó a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens en la causa por el supuesto uso irregular del avión presidencial en el periodo 2003-2015, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa “Cuadernos”) y luego como instructor de la causa, lo que resulta violatorio del derecho a ser juzgado por un juez imparcial.

Para así decidir, el juez Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo, con acopio de jurisprudencia y doctrina sobre la materia, dio cuenta del derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y de la expresa prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez.

En este sentido, Slokar dijo que: “el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación– vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido” y remató que se trata de “procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Así, concluyó que “es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”.

La jueza Ledesma, que adhirió a la solución, afirmó que: “constituye un presupuesto del tribunal imparcial la prohibición de que forme parte de él ‘quien haya intervenido, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia de la misma causa’ (regla 4ª, 2 del Proyecto de Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el procedimiento Penal, conocidas como ‘Reglas de Mallorca’)”.

De este modo, sostuvo que: “la actuación del magistrado denunciante como juez del caso, ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho”.

Los jueces también dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi (trasladados a la cámara federal durante la presidencia de Mauricio Macri) y Llorens. Este último había ordenado, sin atribución legal, que se proceda al desafuero y detención de la vicepresidenta de la Nación.

El juez Yacobucci, por su parte, no se expidió sobre el fondo, en el entendimiento que el recurso era “inadmisible al no dirigirse contra sentencia definitiva o equiparable”.

La causa por los vuelos irregulares es uno de los procesos por los cuales el Bonadio había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019. Esta causa tuvo origen en la causa de los “cuadernos”, desde donde Bonadio denunció la formación del proceso y se quedó de modo irregular con el expediente.

La decisión impacta para otros expedientes en los que el fallecido magistrado impulsó de modo anómalo los procesos, sea remitiendo a sorteo o, como hizo en el caso de la causa de los “cuadernos”, invocando presuntas conexidades para quedarse con las causas mediante “legajos de investigación”. Mediante este mecanismo, le atribuyó el delito de asociación ilícita a los empresarios Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Lascurain, Juan Carlos de Goycoechea, entre otros, máximos responsables de los holdings locales vinculados a la obra pública, integrando la asociación ilícita encabezada, según la acusación, por Cristina Fernández.