En una sesión que abrió el período ordinario de la nueva AN (parlamento), el presidente legislativo, Henry Ramos Allup, juramentó a los tres opositores, pese a una decisión de la Justicia que había dejado en suspenso su posesión el martes, cuando se instaló el cuerpo, al admitir una impugnación del oficialismo. La medida cautelar afectó también a un chavista, quien estuvo ausente en la juramentación que hizo la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El martes, durante la instalación de la AN dominada por la oposición por primera vez en 17 años, la Comisión de Verificación de Credenciales aplicó la decisión del TSJ de suspender provisionalmente la posesión de los impugnados. Por lo que la oposición esperó a ayer, ya con el control del Congreso, para formar una nueva comitiva que evaluará las acreditaciones.
Con los tres diputados juramentados, la MUD se aseguró los dos tercios (112 de 167 escaños) del Parlamento que había conseguido en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y que había sido disminuida a mayoría calificada (109) tras el fallo del máximo tribunal, al cual ha criticado porque su conformación fue asegurada por el chavismo en sesiones extraordinarias antes de la renovación legislativa.
Al recuperar la mayoría, la oposición podrá convocar a una asamblea constituyente, destituir jueces del TSJ y designar a los miembros del Consejo Electoral Nacional (CNE), entre otros.
Al grito de "que se cumpla la ley" y "nulo, nulo", la bancada chavista rechazó ayer la juramentación, que a su juicio viciará de ilegalidad cualquier decisión que sea aprobada con los votos de los asambleístas cuestionados.
El número dos del chavismo y exjefe parlamentario, el diputado Diosdado Cabello, anunció que los oficialistas demandarán por desacato a los opositores por desatender la medida del Tribunal Supremo de Justicia y que ello tendrá como consecuencia la suspensión de los recursos que permiten el funcionamiento del órgano legislativo.
"Nadie la va a cumplir (las leyes), nadie la va a promulgar porque esta Asamblea carece de legitimidad. Cualquier acto que se tome está viciado de nulidad", afirmó. "Lo que está ocurriendo es una violación flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos al Tribunal Supremo a introducir una denuncia de desacato contra la directiva de la AN", insistió.
En tanto, el antichavismo comenzó su trabajo al frente del Parlamento con la mira puesta en definir en un máximo de seis meses una vía para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, quien no obstante cuenta con blindajes legales para complicarle su objetivo.
Ramos Allup convocó a sesiones ordinarias para elegir las comisiones que evaluarán una agenda crucial para el país: desde medidas económicas hasta los mecanismos para forzar un cambio de Gobierno.
Pero los analistas advirtieron del complejo enmarañado legal para ese objetivo y el hecho de que será el TSJ, acusado por la MUD de servir al chavismo, el que decidirá las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El primer punto de la agenda opositora tampoco pasará sin que el oficialismo ponga palos en la rueda. Maduro anunció que vetará la amnistía que aprobará la MUD para 75 presos, denominados como políticos por la oposición, entre ellos el líder del ala radical del antichavismo, Leopoldo López, condenado a casi 14 años por las violentas protestas que en 2014 causaron 43 muertos.
Para encarar lo que llama una "nueva etapa de la revolución" con el Legislativo en contra, el mandatario nombró anoche su nuevo gabinete y anunció que trabajará en un nuevo plan de recuperación económica que presentará a la Asamblea.
| Agencias AFP, EFE y ANSA |
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