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Vuelve De la Sota a la Corte por coparticipación
En medio de puja con Nación por la tasa a los combustibles
José Manuel de la Sota
La nueva embestida se da luego de que el Gobierno nacional -a través del Ministerio de Economía- concretara el pasado miércoles una presentación ante el alto tribunal para pedir la derogación por «inconstitucional» del impuesto adicional a los combustibles instrumentado en esa provincia desde el 7 de septiembre para financiar obras viales.
El mandatario -peronista crítico y con aspiraciones presidenciales- ya logró meses atrás que la Legislatura cordobesa aprobara la desadhesión de la provincia al Pacto Fiscal de 1992. Esa medida fue la que posibilitó la puesta en marcha de esos tijeretazos en los envíos del Gobierno nacional de remesas al interior.
Con esa movida, sin embargo, De la Sota cosechó fuertes críticas de funcionarios nacionales e incluso de otros mandatarios del partido justicialista.
Embestida
«En los próximos días iremos a pedir que nos devuelvan la coparticipación; la ANSES hace casi dos años que no nos envía un peso», afirmó el gobernador medi-terráneo, en declaraciones difundidas por el periódico La Voz del Interior.
Por otra parte, De la Sota también precisó que por estas horas trabajan en los últimos detalles de la presentación que se realizará ante el Máximo Tribunal, el fiscal de Estado local, Jorge Córdoba, junto al asesor letrado Alberto García Lema.
En paralelo, la provincia ya llevó a la Corte la denuncia de que Nación incumplió con el envío de $ 1.040 millones de 2011 para la no transferida Caja Previsional, y que no firmó el convenio 2012.
Pero desde la administración nacional sostienen que el Gobierno cordobés no respetó los acuerdos de armonización previsional con Nación acordados en una ristra de convenios.
En este marco, los gremios estatales marcharán hoy en la capital provincial -y pararán los docentes- en repudio a la reforma jubilatoria dispuesta por De la Sota, quien bajo el argumento de obtener fondos extra para financiar a la Caja de Jubilaciones dilató por ley en 180 días el aumento a jubilados respecto del percibido por los activos.


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