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Vuelven a la carga con proyecto que amenaza a empresas
Héctor Recalde
Está claro que el sindicalismo por sí mismo no puede reunir el número suficiente para aprobar en los recintos ese proyecto que comenzó a debatirse en la comisión que preside Recalde en octubre pasado. Pero la posibilidad de algún apoyo opositor más el temor que levanta entre los empresarios le alcanzan a Moyano para seguir presionando en la puja salarial proponiendo ese canje: o el Gobierno acepta bajar Ganancias sobre los salarios o la renta la tendrán que poner las empresas repartiendo dividendos o aceptando subas salariales superiores a las aceptadas hasta ahora.
Ayer, Recalde confirmó que desde el 1 de marzo volverá a negociar en su comisión con empresarios y sindicalistas para avanzar con el proyecto de distribución de ganancias.
El abogado de Moyano recordó ayer que cuenta con el apoyo total de Carlos Tomada: «El Gobierno apoya el proyecto de reparto de las ganancias», afirma Recalde, pero en la Casa Rosada nadie dio la orden al bloque kirchnerista para que se avanzara con esa idea.
«El 1 de marzo vamos a retomar y vamos a ver qué consenso se logra», se entusiasmó. Tanto el oficialismo, como los radicales, el macrismo, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal, están dispuestos a discutir el tema pero muy lejos de aprobarlo en el recinto.
De ahí que, como hace un año cuando la CGT también presionó por una suba en el mínimo no imponible de Ganancias, el proyecto sirva más como amenaza al Gobierno y las empresas que como una realidad. Hasta ahora Recalde tuvo una suerte dispar en el debate: había citado a la Unión Industrial a discutir el reparto de Ganancias el 19 de octubre, pero Héctor Méndez le falló ese día argumentando lo obvio: la inutilidad de concurrir a discutir un tema que la comisión ya tenía decidido. Poco después, la comisión resolvió citar para el 2 de noviembre a todo el Grupo de los 6, acordando agenda abierta para la discusión. Parecía que finalmente los industriales concurrirían, pero en medio de ese lapso falleció Néstor Kirchner y tanto Moyano como Recalde decidieron congelar todo hasta este año.
El proyecto de reparto de utilidades se pensó para ser aplicada a empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alto, con la posibilidad de extenderla en un plazo de dos años a las empresas que tengan hasta 100 trabajadores.
El reparto de fondos, un 10% de los dividendos libres de toda carga, se haría al fin de cada año fiscal y en carácter no remunerativo, es decir, exento del pago de aportes y contribuciones patronales y sin incluirse en la base de cálculo del sueldo sobre la que se computa el pago del Impuesto a las Ganancias.

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