Zanola sin urnas y con riesgo de intervención

Juan José Zanola

Juan José Zanola espera, de dos flancos distintos, medidas judiciales: por un lado, la promocionada citación por parte del juez federal Norberto Oyarbide; por el otro un dictamen que ordene, cuando antes, la cuestión electoral, en suspenso desde hace 7 días.

La semana pasada, la jueza Liliana Tarbuch, ordenó suspender las elecciones proyectadas para el miércoles último y postergó, hasta el 25 de febrero próximo el mandato de la comisión directiva de La Bancaria, que oficialmente caduca el 10 de octubre próximo.

Ambos asuntos están entreverados en tribunales. El zanolismo pretende fijar, cuando antes, la nueva fecha electoral. Debe, para eso, lograr el ok fueron objetados por la oposición, denuncia que avaló la jueza Tarbuch.

Por el otro lado, sus críticos, que postulan a Raúl Fontana, recurrieron a los estrados para que dé marcha atrás con la prórroga de los mandatos, con el argumento de que ni la ley de Asociaciones Sindicales, ni el reglamento de La Bancaria, contempla esa instancia.

El riesgo para Zanola, y la intención inconfesada de Fontana, es que no se estiren los mandatos y deba disponerse una intervención judicial en el gremio al quedar acéfalo. Hace 20 días, por disposición del Gobierno, está intervenida la obra social bancaria.

La avanzada de los opositores y la resistencia del sector de Zanola responde a lo mismo: Fontana empuja para que desplacen al titular de La Bancaria del gremio porque, presume, sin él la chance de desembarcar en el control del sindicato se incrementa.

El zanolismo, a su vez, teme que una intervención -que termine con los 22 años de jefatura de Zanola- sea un viaje de ida que le impida, luego, volver a tener el control del sindicato. Cada uno con sus argumentos, pulsean en la Justicia, para imponer su criterio.

El punto central son los padrones. La oposición denunció que estaban «adulterados» y logró el aval judicial. Ahora, el zanolismo, quiere que aprueben esos listados mientras los críticos reclaman que se haga un entrecruzamiento para «depurar» afiliaciones truchas.

Esta semana, se dijo ayer en Tribunales, habría una respuesta.

En tanto, el Gobierno promete equidistancia y en CGT cada vez son más los que entrevén que el escándalo de las obras sociales puede haber tenido algún «promotor» desde el centro mismo del poder.