El laberinto energético: ¿qué sucede con las tarifas de gas y luz?

Energía

Es necesario comprender que el precio del gas es uno de los más importantes precios rectores de la economía Argentina, y por lo tanto no es correcto evaluarlo de manera aislada.

El próximo 27 de octubre el actual gobierno cumplirá un año de haber sido electo. Con pandemia de por medio, y el paso de dos Secretarios de Energía, se prepara para intentar delinear algunas pautas generales, a través del Plan GasAr, de lo que se pretende hacer en materia de política energética para el resto del mandato.

Se intenta explicar aquí esta fuerte afirmación acerca de la influencia del Plan Gas en toda la cadena energética y en la actividad económica.

Antes de comenzar con la cuestión en sí misma, una pequeña digresión: el arco político argentino no presenta plataformas de gestión, no debate su plan de gobierno en áreas sensibles antes de las elecciones y no convoca al dialogo de los sectores una vez llegado al poder. Esto es un mal de época y una práctica errónea porque nadie conoce con detalle las políticas propuestas ni sus consecuencias y porque los funcionarios pierden valioso tiempo en realizar diagnósticos y proponer soluciones de urgencia una vez en funciones.

En energía, el gobierno de Alberto Fernández asumió sin equipo, sin diagnóstico y sin plan, y en un intento de evitar una caída abrupta en la producción de gas natural, derivada de la pandemia del Covid-19, se encuentra en vías de implementar un costoso programa de subsidios sin definir la política tarifaria y sin estimar correctamente, ni debatir, sus efectos fiscales en el Presupuesto Nacional.

El discurso oficial sostiene que se ha optado por este programa con el objetivo de minimizar las importaciones de gas en 2021 ya que el problema de escases de divisas en Argentina podría empeorar. Pero este argumento pierde sentido cuando sabemos que el Estado argentino tampoco recauda los pesos suficientes para mantener el gasto: debe emitirlos para financiar gastos dolarizados como el diferencial en el precio del gas natural.

En este sentido, es necesario comprender que el precio del gas es uno de los más importantes precios rectores de la economía Argentina, y por lo tanto no es correcto evaluarlo de manera aislada sino que es fundamental hacerlo mediante un riguroso análisis de su implicancia en toda la cadena energética, industrial y residencial sin dejar de lado las restricciones presupuestarias y de divisas de un Estado que no puede financiar sus gastos.

Existen cuatro grandes canales por los cuales el Plan GasAr actuaría en el resto de la cadena energética y la economía: a través de las tarifas del servicio público de gas natural, de la demanda industrial que contractualiza el abastecimiento de gas, del costo de generación de energía eléctrica y, por consiguiente, de los subsidios energéticos. Por esto puede tener mayor o menor influencia 22 de octubre de 2020 en el presupuesto de los hogares, de las industrias, del comercio y del Tesoro Nacional, dependiendo del esquema precio- subsidios-tarifas que se elija.

En el contexto actual, con una caída estimada del 12% en el PBI para 2020, la interrelación entre estos cuatro canales es un problema debido a que existen restricciones presupuestarias del Tesoro, hogares e industrias a la vez que el upstream gasífero requiere de precios más altos para financiar la producción. En otras palabras, no hay margen socialmente aceptable para incrementar tarifas, no hay margen fiscalmente aceptable para incrementar subsidios y se requieren precios del gas más altos que el promedio actual para mantener la producción. Resolver esta delicada situación será, sin dudas, el gran desafío energético del gobierno en los próximos tres años.

Lo preocupante de esta política es que el Plan GasAr se ha anunciado sin tener una definición clara y consistente respecto a la política tarifaria que lo acompañará y subestimándose el costo en el Presupuesto Nacional.

Por un lado, según el Proyecto de Ley del Presupuesto 2021, el Plan GasAr recibirá alrededor de u$s200 millones. Sin embargo, la reciente presentación del mismo lo estima en aproximadamente u$s1.500 millones, sugiriendo además un cierto congelamiento de tarifas al menos en un segmento de la demanda.

¿Qué sucede con las tarifas de gas y energía eléctrica?

Algunos funcionarios han declarado informalmente que aumentarán las tarifas acorde a la inflación con el objetivo de mantener invariante el peso de los subsidios respecto al PBI, pero aún no se ha realizado un aviso oficial al respecto. Si este fuese el caso, existe una certeza: el esfuerzo va a recaer en la población que tradicionalmente es no beneficiaria de tarifa social, o de algún concepto similar. Estos son los hogares medios, y los pequeños comercios e industrias, conectados a la red de distribución, que tendrán que soportar aumentos por encima de la inflación para compensar aquellos (cuasi) congelados y no romper el equilibrio precios-subsidios-tarifas propuesto.

El problema radica en que en el 2020 los sueldos medios no aumentan acorde a la inflación, los ingresos comerciales e industriales se encuentran muy deteriorados producto de la pandemia y, como si fuera poco, la cuarentena eterna quitó el crédito político al gobierno de tomar cualquier medida que implique un sacrificio económico por herencia de errores del gobierno anterior.

En este contexto, cargar el peso de una actualización tarifaria en los sectores medios de la población puede repetir la desaprobación social del primer año de Cambiemos con los aumentos desmedidos de tarifas que, recordemos, terminó con la Corte Suprema de Justicia resolviendo en cierta forma la política tarifaria.

(*) Director del Depto. Técnico IAE Mosconi

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