Proveedores mineros respaldan las Rondas de Negocios RIGI, pero reclaman prioridad para empresas locales

La Federación Argentina de Proveedores Mineros confirmó su participación en el encuentro convocado por Economía. Pero advirtió que la expansión de las inversiones debe traducirse en mayor desarrollo de empresas y empleo en las provincias productoras.

Para los proveedores locales, el desafío no pasa solamente por que los proyectos se construyan y entren en producción, sino por que una parte significativa de la actividad económica asociada quede radicada en las provincias donde se extraen los recursos.

huellaminera.com

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM) confirmó que participará de las “Rondas de Negocios RIGI” convocadas por el Ministerio de Economía de la Nación para el próximo 29 de octubre en Rosario, aunque planteó la necesidad de que las nuevas inversiones mineras generen una mayor inserción de empresas, trabajadores y proveedores de las provincias donde se desarrollan los proyectos.

La entidad, que lidera Manuel Gómez Bello y representanta a decenas de proveedores mineros de las provincias productoras, señaló que acompañará las iniciativas destinadas a fortalecer la cadena de valor minera, pero remarcó que mantendrá su compromiso con sus socios, las autoridades provinciales y las comunidades vinculadas a la actividad.

En ese marco, la Federación sostuvo que el objetivo debe ser que las empresas locales tengan una participación efectiva en los proyectos mineros y que el desarrollo de grandes inversiones no se limite al ingreso de compañías provenientes de otras jurisdicciones.

La experiencia de Alumbrera como antecedente

La entidad integrada por las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz puso como ejemplo el desarrollo de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, para advertir sobre los efectos que, según su análisis, tuvo la falta de integración de proveedores y empresas locales durante las primeras etapas de la minería metalífera a gran escala en el país. “Tras más de 20 años de producción, Alumbrera no dejó en Catamarca lo que debería”, sostuvo la Federación en su comunicado.

Según la FAPM, durante el desarrollo del proyecto ingresaron empresas grandes, medianas y pequeñas provenientes de otros puntos del país, algunas de las cuales, afirmó, ni siquiera tuvieron presencia física permanente en la provincia. La entidad también cuestionó la contratación de trabajadores locales y señaló que no se produjo un desarrollo suficiente de capacidades y mano de obra vinculadas con la actividad minera.

Alumbrera cerró en 2018 y se encuentra a cada vez más cerca de su reactivación.

Para la Federación, ese antecedente debe ser tenido en cuenta frente al nuevo ciclo de inversiones que atraviesa la minería argentina, impulsado en buena medida por proyectos de cobre, oro, litio y otros minerales críticos. La organización advirtió además sobre las consecuencias sociales que puede generar una baja participación de las comunidades y empresas locales en el negocio minero.

En ese sentido, vinculó la experiencia de Catamarca con el surgimiento posterior de una fuerte resistencia a la actividad minera en determinados sectores de la provincia, que incluyó protestas y episodios de violencia.

La FAPM cuestionó así lo que denominó la “federalización de la cadena de valor” cuando ese concepto implica, según su planteo, que empresas de otras jurisdicciones ejecuten los principales contratos sin generar un proceso de radicación y desarrollo productivo en las provincias donde se encuentran los recursos.

Las provincias buscan preservar la cadena de valor local

Frente al nuevo escenario de inversiones, la Federación destacó que las provincias productoras avanzaron en la elaboración de normas destinadas a fortalecer la participación de empresas locales y preservar la aceptación social de la minería.

Según la entidad, esas regulaciones fueron diseñadas especialmente para las localidades del interior cercanas a los grandes proyectos mineros.

La organización remarcó que las normas provinciales no buscan impedir la llegada de proveedores de otras jurisdicciones, sino establecer condiciones para que una parte de la actividad económica permanezca efectivamente en los territorios donde se desarrollan los proyectos. “Nuestras provincias tienen la mayoría de la capacidad instalada para hacer frente a las grandes inversiones”, afirmó la Federación.

El planteo adquiere relevancia en un escenario de crecimiento de los proyectos mineros bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla desembolsos de gran escala y busca atraer capital para iniciativas consideradas estratégicas.

La discusión sobre la participación de proveedores locales se encuentra así vinculada con uno de los principales desafíos del desarrollo minero argentino: lograr que el impacto económico de las inversiones no se concentre exclusivamente en la etapa extractiva, sino que genere una red de empresas de servicios, proveedores, empleo y capacitación en las regiones productoras.

“Las normas están hechas para cumplirse”

La Federación sostuvo que las regulaciones provinciales deben ser respetadas por las compañías que desembarquen para prestar servicios a los proyectos. “La normativa es clara y está hecha para cumplirse”, señaló la entidad.

Desde la organización remarcaron que el cumplimiento de esos requisitos no debería representar un obstáculo para las empresas proveedoras que tengan una estrategia de largo plazo en las provincias mineras.

En particular, mencionaron la necesidad de que las compañías que ingresen al negocio se radiquen efectivamente en los territorios donde desarrollarán sus actividades, abran oficinas, contraten personal local y contribuyan al desarrollo de nuevos proveedores. “Cumplir los requisitos, instalarse de verdad, abrir oficinas, contratar empleados locales y desarrollar proveedores de proveedores no es tan difícil”, remarcaron los directivos.

Para la entidad que lidera Gómez Bello, ese proceso permitiría reducir los riesgos de conflictos futuros y fortalecer el vínculo entre las grandes inversiones mineras y las comunidades donde se desarrollan los proyectos.