El organismo ajustó su organigrama con el foco en mejorar la eficiencia operativa. Aseguran que los cambios no implican gasto adicional sino una reorganización de recursos existentes.
Desde el INCAA remarcaron que la reestructuración no implica nuevos costos para el Estado, sino que apunta a reorganizar recursos existentes.
El Gobierno avanzó con una reorganización interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y modificó la estructura de una de sus áreas clave, vinculada a la promoción de producciones y festivales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 89/2026 publicada en el Boletín Oficial. La decisión impacta en la Unidad Operativa Film Commission, que depende de la Gerencia de Políticas Públicas, y entrará en vigencia a partir del 1 de abril.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Entre las principales modificaciones, se dispuso la eliminación del área de Relaciones con las Provincias, que hasta ahora funcionaba dentro de la Film Commission, y se incorporaron nuevas funciones al área de gestión artística, que ahora también tendrá a su cargo el análisis de la producción y la capacitación de recursos.
El rediseño fue avalado por distintos sectores del organismo, entre ellos la Gerencia General, la Gerencia de Asuntos Legales y la Subgerencia de Recursos Humanos, además de contar con un dictamen favorable de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.
La nueva estructura quedará definida en los anexos que acompañan la resolución y responde a las facultades otorgadas por el Decreto 1536/2002, que habilita a las autoridades del INCAA a establecer la organización interna del ente.
El organismo, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, busca con estos cambios adaptar su estructura a las necesidades actuales del sector audiovisual, en un contexto de transformación de la industria. La reconfiguración también alcanza a áreas vinculadas a festivales y convenciones, consideradas estratégicas para la promoción del cine argentino.
Con esta decisión, el INCAA apunta a fortalecer la coordinación interna y agilizar la ejecución de políticas públicas, en línea con una estrategia de gestión orientada a la flexibilidad y la mejora en la prestación de servicios.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de la denominada “ley Hojarasca”, una iniciativa que busca eliminar normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. El objetivo es simplificar el sistema legal, reducir la acumulación normativa y limitar lo que el oficialismo define como exceso de intervención estatal.
La propuesta no es nueva: ya había sido presentada en 2024 bajo el nombre de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, cuando el Poder Ejecutivo planteó dejar sin efecto decenas de normas desactualizadas o superadas por leyes posteriores. En ese momento, se contemplaba la derogación total de 63 leyes y la modificación de otras, aunque la iniciativa perdió impulso con el tiempo y nunca llegó a debatirse en comisiones.
El proyecto propone una depuración del digesto jurídico a partir de distintos grupos de normas. Incluye leyes que, según el oficialismo, quedaron superadas por legislaciones posteriores, otras que resultan obsoletas frente a avances tecnológicos o cambios productivos, y también disposiciones vinculadas a organismos ya disueltos o procesos que nunca se concretaron.
Dejá tu comentario