Legislatura votó razonable ley de mecenazgo

El viernes último la Legislatura porteña aprobó por 39 votos el Régimen de Promoción de la Cultura, conocido como Ley de Mecenazgo. El beneficio está destinado a «proyectos sin fines de lucro» y al desarrollo de «actividades ligadas con los diferentes procesos de la creación, producción y difusión de realizaciones culturales». Se calcula que 55 millones de pesos se destinarán en 2007 a financiar proyectos, y que en 2008 la cifra puede ascender a 80 millones. La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Cultura junto al Consejo de Promoción Cultural. El beneficio difiere según se usufructúe del beneficio en términos de imagen. Los «patrocinantes» que asocian su imagen al proyecto podrándesgravar hasta 50% de su aporte. Los «benefactores», o sea, quienes se acercan más a la figura del mecenas y no asocian su imagen al proyecto, podrán contabilizar el total de su aporte (esto está basado en el modelo español). La ley se debió a un acuerdo entre los legisladores Teresa Anchorena (ARI), Rodrigo Herrera Bravo (CPC), Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires) y Gabriela Michetti (CPC). El Frente para la Victoria (Inés Urdapilleta) estaba en contra, pero al advertir que la ley iba a ser aprobada, negociaron pequeñas modificaciones. Norberto La Porta (socialismo) y Juan Manuel Olmos (kirchnerismo) pidieron bajar el monto del beneficio que iba a ser de 1,5% y quedó en 1,1%.

Jorge Telerman

El año culmina con una buena noticia. Desde hace una década varios proyectos de leyes de mecenazgo que aspiran a estimular la inversión privada en actividades culturales a través del beneficio fiscal circulan por el Congreso nacional y la Legislatura porteña. Pero, ahora, Buenos Aires ya tiene su Ley, antes que el gobierno nacional y a pesar de que Jorge Telerman y Silvia Fajre no fueron sus más fervientes defensores.

A las 2 de la madrugada del viernes pasado, luego de una sesión de arduas negociaciones, la Legislatura aprobó por 39 votos el flamante Régimen de Promoción de la Cultura. La norma «establece mecanismos de transferencia de recursos fiscales, generados por el Impuesto a los Ingresos Brutos, al financiamiento de proyectos culturales, con un tope del 1.10% de la recaudación del año anterior».

Destinatarios

El beneficio está destinado a «proyectos sin fines de lucro» y al desarrollo de « actividades ligadas con los diferentes procesos de la creación, producción y difusión de realizaciones culturales». Por supuesto, para gozar del beneficio los contribuyentes (personas físicas o jurídicas), deberán tener al día sus pagos al fisco. Se estima que 55 millones de pesos se destinarán en 2007 a financiar proyectos, y que en 2008 la cifra puede ascender a 80 millones. Poco dinero, si se coteja con el elevado presupuesto del Ministerio de Cultura porteño que asciende a 265,2 millones de pesos y es el más alto del país.

Pero, como se sabe, el sector privado suele optimizar los recursos, y el organismo de aplicación de la nueva ley no genera gastos extraordinarios. En este caso, la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Cultura junto al Consejo de Promoción Cultural, integrado por nueve miembros, seis representantes del sector público y tres artistas « consagrados», que rotan según las diversas disciplinas y se supone (aunque no está escrito) trabajarán ad honorem.

El procedimiento para acceder al financiamiento de los proyectos es sencillo: se deberán presentar ante el Consejo de Promoción Cultural para su evaluación, posible aprobación, y decisión, que es vinculante y definitiva. El Ministerio de Cultura lo refrendará administrativamente y el titular del proyecto deberá abrir una cuenta en el Banco Ciudad para depositar el total del monto aprobado por el Consejo. El talón de depósito será el documento que certifica un pago a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos.

Diferencias

Otro tópico importante de la ley es que el beneficio difiere según se usufructúe del beneficio en términos de imagen. Los «patrocinantes» que asocian su imagen al proyecto podrán desgravar hasta el 50% de su aporte. Los « benefactores», o sea, quienes se acercan más a la figura del mecenas y no asocian su imagen al proyecto, podrán contabilizar el total de su aporte (100%). Así se hace en España: quien financia una actividad y coloca su nombre en folletos, catálogos, carteles y anuncios periodísticos, recibe un menor beneficio fiscal.

La sanción de la ley implicó una batalla, porque a las autoridades del Gobierno de la Ciudad les costó ceder terreno, trataron de imponer que el dinero en cuestión fuera una especie de financiamiento paralelo del Ministerio de Cultura, aspiraban a que los organismos públicos pudieran recibir fondos en forma directa y no a través de las asociaciones de amigos.

Es evidente que el Gobierno ha demostrado su vocación por las actividades culturales de alta visibilidad, los festivales y las megamuestras marquetineras. Pero en este sentido, lo bueno de esta ley es que invita a replantear la función y las obligaciones del sector público.

Se suele olvidar que la financiación estatal es imprescindible para el desarrollo de las artes experimentales que están fuera del mercado, o para sostener e incrementar las actividades de investigación y didácticas que contribuyen al sustento y consolidación de los valores culturales, aunque no ostenten el glamour que las torna atractivas ante los ojos de los patrocinantes y del gran público.

La ley se debió a un acuerdo entre los legisladores Teresa Anchorena (ARI), Rodrigo Herrera Bravo (CPC), Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires) y Gabriela Michetti (CPC). El Frente para la Victoria (Inés Urdapilleta) estaba en contra, pero al advertir que la ley iba a ser aprobada, negociaron pequeñas modificaciones.

Norberto La Porta (socialismo) y Juan Manuel Olmos ( kirchnerismo) pidieron bajar el monto del beneficio que iba a ser de 1,5% y quedó en 1,1%.

En diálogo con este diario, Anchorena destacó el consenso interpartidario, y aclaró que la norma puede servir de incentivo para que los pequeños contribuyentes que pagan 3700 pesos anuales se plieguen a la cultura. Michetti

agregó que «se trata de una norma innovadora y transparente al permitir que el ' mecenas', pueda decidir qué proyecto cultural apoya». Las experiencias en España, Francia, Alemania, Italia, Venezuela, Chile, Brasil y otros países donde se conceden beneficios tributarios o se permite el pago de impuestos con obras de arte, ha demostrado que a pesar de que el Estado resigna recursos para alentar la participación privada, a la larga se beneficia con el aumento de su patrimonio y el de la actividad artística y cultural.

El esperado Régimen de Promoción Cultural que además, para espantar el fantasma de la evasión pone a la Auditoría de la Ciudad como agente de supervisión financiera, es un buen aliciente para el sector privado, que con esfuerzos en ocasiones heroicos ha contribuido a disimular muchas deficiencias del Estado.