Un film documental puede jugar con cualquiera de los elementos de que dispone ese medio, menos con la verdad. Es lo que hace la película de Rodríguez Arias al afirmar que en la represión clandestina de las guerrillas -una de las atrocidades de la historia contemporánea-«murieron más de 30 mil personas». El film es modesto de intenciones, limitadas a recordar lo que ya se conocía del juicio a las Juntas a públicos más jóvenes o del extranjero. Por eso llama más la atención esa afirmación, cuando el último informe del gobierno argentino -que además le ha dado un subsidio oficial a la producción-dice que la aberración de la desaparición forzada se cobró en el país 12.986 víctimas. Lo dice el informe del 10 de diciembre pasado del Ministerio de Justicia al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Otro dato para corregir es limitar la responsabilidad por la represión clandestina y las desapariciones al gobierno militar 1976-1983, cuando se sabe que esa tenebrosa práctica comenzó durante el gobierno constitucional de 1973-1976.
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