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Iglesia-UIA ahora piden "cambio de modelo" junto a CGT y piqueteros

Documento de verano se firmará el jueves en la Conferencia Episcopal. Coordinación está a cargo de los hombres de Francisco en el país. Supervisión celestial para los 21 puntos de crítica al gobierno.

La Iglesia católica consensuó con la Unión Industrial (UIA), la CGT y otros espacios sindicales, los movimientos sociales y sectores de la economía popular, el mutualismo y el cooperativismo, un documento con severas críticas al plan económico en marcha y un llamado “repensar el modelo de Nación” a través de una serie de puntos destinados a “superar este momento de angustia que padece el pueblo argentino”. El texto, que contiene 21 puntos con propuestas y reclamos acordados por todos los sectores, se firmará este jueves en la sede de la Conferencia Episcopal, en el centro porteño, en un acto que se propone “superar la grieta” sin la participación de partidos políticos ni del Gobierno nacional, según sus promotores.

El documento “Una Patria fundada en la solidaridad y el trabajo”, al que tuvo acceso este diario, recoge los planteos expuestos por todos los involucrados en la convocatoria eclesial en los últimos meses. Como anticipó Ámbito Financiero el 23 de octubre la coordinación corrió por cuenta de los obispos Oscar Ojea y Jorge Lugones, considerados los más cercanos al papa Francisco en la jerarquía eclesiástica local y presidentes de la Conferencia Episcopal y la Pastoral Social de la Iglesia católica, respectivamente.

La masa crítica de los encuentros previos y del texto final –que tuvo siete versiones diferentes en los meses que demandó su debate interno- la componen el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, como figura excluyente del empresariado; sindicalistas de la CGT identificados con la oposición, aunque los promotores confirmaron que la conducción formal de la central obrera también será parte de la firma; el denominado “triunvirato piquetero” que integran Esteban “Gringo” Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie); la CTA de Hugo Yasky, y organizaciones pyme, mutuales y cooperativas.

Otra terminal vaticana en la coordinación y monitoreo de los encuentros y el texto final fue a través de la participación activa de Enrique Palmeyro, director mundial del proyecto Scholas Occurrentes y encargado de la red de asistencia social a la economía popular. Una suerte de puente entre la UIA y los microemprendimientos cobijados por las organizaciones sociales participantes.

El documento, en esencia, desarrolla una crítica profunda hacia el modelo de financiarización de la economía (“el dinero al servicio del dinero no genera otra cosa que pobreza y desigualdad”) y a los mecanismos de toma de deuda por parte de la administración de Mauricio Macri, y enfatiza en la necesidad de salvaguardar el empleo y la industria nacional. “Consideramos que la defensa del trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello: la cultura”, señala en el principio la misiva, que será abierta y que hasta la semana pasada contaba con 11 páginas. La firma un colectivo autodenominado “Mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna”.

El arranque del texto consensuado traza un diagnóstico sombrío sobre la coyuntura económica y social. “Dialogamos porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. En los últimos tiempos observamos un incremento de las demandas de los sectores más vulnerados, especialmente vinculadas la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, el acceso a la educación y el trabajo, entre otros factores que coadyuvan a la dignidad del ser humano. En nuestro país hay personas, muchos de ellos niños y niñas, que sufren hambre con las dramáticas consecuencias que eso conlleva. Vemos así, con dolor, cómo se hipoteca el futuro de nuestra Patria”, se advierte.

A continuación apunta al aumento de la desocupación y la informalidad “en gran medida por el ahogo que atraviesa la industria nacional, en especial las pymes, urbanas y rurales, las cooperativas y las economías regionales, muchas producciones agropecuarias como la lechería, porcinos y fruta, entre otros, producido por la abrupta caída del consumo interno, las altas tasas de interés, el aumento indiscriminado de tarifas, la apertura de las importaciones y el endeudamiento desproporcionado”. Sobre este punto, el documento advierte que “son todas cuestiones que requieren repensar el modelo de Nación”.

Otro párrafo saliente pone el foco sobre “el ajuste y la transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos” por entender que “son mecanismos que subordinan la vida humana a la lógica de la renta ilimitada e instaura la naturalidad de la pobreza y de sus víctimas”. Y añade que ese proceso está “acompañado por una inédita concentración comunicacional que condicionan la distribución democrática de la palabra”. Además, marca el riesgo que representa para la Argentina la deuda contraída por el Gobierno tanto por su “volumen” como por “la débil institucionalidad con la que ha sido producida”.

A continuación detalla 21 puntos con propuestas y postulados que van desde los más genéricos como “subordinar la economía a la política” y rechazar “los procesos de concentración en todos los ámbitos económicos” a los más puntuales como “defender la industria nacional” mediante un freno a los despidos, creación de puestos de trabajo, administración del comercio exterior y sostén del mercado interno y de los ingresos populares o el reclamo de “industrialización del medio rural”.

Además llama a sancionar una “ley de emergencia alimentaria” a promover la agricultura familiar” y a facilitar el acceso a la salud por parte de toda la población; a “atender la problemática de los jubilados sometidos a la pérdida creciente y cotidiana de su capacidad económica” y a “fortalecer el presupuesto en educación”; a brindar “soluciones habitacionales y acceso a la tierra y a los servicios con un plan de viviendas” así como suspender los desalojos por cuatro años, y demanda “revertir el impacto enorme de las tarifas” de los servicios públicos.

Al final el texto también hace propio el reclamo de los obispos de Lomas de Zamora (entre los que se encuentra Lugones) y San Justo por la muerte de nueve presos en el incendio de una comisaría de Esteban Echeverría y el asesinato no esclarecido de un militante de la CTEP de La Matanza durante una toma de tierras.

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