La Justicia allanó las oficinas del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en el marco de la investigación de la muerte de un hombre de 47 años de la villa 31 de Retiro, cuyo deceso ocurrió, según los vecinos, por la demora en la atención médica a raíz de que una ambulancia se negó a ingresar a la villa.
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El allanamiento fue ordenado por el juez Roberto Gallardo, titular del juzgado en lo contencioso administrativo dos, por un pedido de la diputados nacionales de Proyecto Sur, Liliana Parada y Claudio Lozano, informaron fuentes legislativas.
El allanamiento ocurrió "a fin de corroborar si la ambulancia del Same se negó deliberadamente a prestar servicios de primeros auxilios a Humberto Ruiz, habitante de la villa 31 que falleció el martes por la noche", precisaron las fuentes.
Un vocero de la diputada Parada dijo que el pedido de allanamiento "se fundamenta en las declaraciones de la familia de Ruiz, que sostiene que tras varias llamadas al 107, ningún móvil sanitario se hizo presente, lo que desembocó en la muerte del hombre".
Sostuvo además que existen varias denuncias contra el Same por hechos similares que están unificadas en el juzgado de Roberto Gallardo" y añadió "en el año 2007, el juez le había ordenado al gobierno porteño que cumpliera con los servicios de emergencia en toda la ciudad, orden que fue apelada en todos los fueros posibles por ejecutivo".
De acuerdo a las denuncias que existen en el juzgado, en abril del año pasado Luis Ponce, vecino de la Villa 21.24, fue baleado en un intento de robo y murió luego de esperar una ambulancia más de una hora ya que no estaba el móvil de la Policía Metropolitana que debía escoltarla.
Un hecho similar ocurrió días después con un carnicero de la cercana Villa Zabaleta, herido en un asalto, quien murió sin ser atendido.
La diputada Parada sostuvo que el gobierno porteño debe dar una respuesta a la falta de atención primaria en los barrios populares, esta vez fue en la villa 31, pero esto es una constante, los habitantes de las villas porteñas su mueren tirados en la calle".
El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) realizó otra denuncia por "incumplimiento y abandono de persona" a raíz de la muerte del hombre de la villa 31.
Los abogados del ODH solicitaron que se investigue la actuación del SAME el 5 de abril, "por lo cual durante el allanamiento se secuestraron grabaciones y el libro de registro de dicho organismo, informó el organismo mediante un comunicado.
El ODH informó que realizo una denuncia por discriminación ante el INADI contra el gobierno porteño ya que "la actuación del SAME ha sido deficiente en el deber de garantizar el servicio esencial y universal de salud, soslayando a los sectores de la población que más lo necesitan".
"Esto generó una respuesta estatal discriminatoria que no respeta el derecho a la igualdad", concluye el comunicado del ODH.
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