Crecen las denuncias de inquilinos durante la cuarentena

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Aumentos ilegales, incumplimiento del decreto presidencial que prorroga los contratos y hasta comisiones fuera de la ley son parte de los reclamos que inquilinos llevaron hasta el Programa de Atención a Inquilinos en la Defensoría del Pueblo.

Desde que se publicó el decreto presidencial que prorroga contratos de alquiler, suspende los desalojos, congela alquileres y bancariza los pagos, las consultas a la Defensoría del Pueblo se quintuplicaron, con más de 1.000 mensajes contabilizados por la organización. La mayoría de ellos, relativos a la finalización de contratos a fines de marzo.

“No hay dudas que sin norma o decreto presidencial, la violación del derecho a la vivienda hubiese sido una catástrofe social. Antes de la pandemia, advertimos una y otra vez que la libertad del mercado inmobiliario había elevado la curva de gasto de bolsillo inquilino, hasta llegar al 50% de los ingresos salariales”, aseguró Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos en la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, Muñoz añadió: “Sin embargo, la falta de conocimiento de la realidad inquilina por ausencia de registros oficiales, nos abre una puerta enorme de incertidumbre sobre lo que puede pasar los próximos meses, la capacidad de pago de los miles de contratos que se firmaron en marzo con nuevos precios, nuevos ajustes, así como las deudas que se acumularán para el último trimestre del año”.

Según un comunicado del Programa de Atención a Inquilinos, el perfil de la demanda se compone de la siguiente manera:

Fin del contrato

El 60% por habitar la vivienda que debía entregar el 31 de marzo y no haber tomado posesión del nuevo inmueble que alquiló, por razones de fuerza mayor (aislamiento obligatorio). Son inquilinos que tienen presión para pagar dos alquileres, y desconocen que la emergencia sanitaria es suficiente razón para ser eximidos del pago mientras no hagan uso de la nueva locación.

Rescisión del contrato por problemas económicos

El 18% porque quieren rescindir al no poder seguir pagando el alquiler (terminar el contrato y reubicarse en casa de familiares), o porque van a acumular deudas al no tener ingresos, o porque están siendo perjudicados por aumentos ilegales que no respetan el congelamiento.

Amenaza de desalojo

El 9% ha sufrido amenaza de ser desalojado, situación más frecuente en hoteles familiares o en habitaciones de vivienda familiar, donde el inquilino o la inquilina tienen que convivir con el locador. Demora en el pago del alquiler por falta de ingresos, o exigencias de pago mayor de parte del propietario, son excusas para intentar desconocer la suspensión de desalojos.

Comisiones y bancarización del pago

Un 6% de las consultas están relacionadas a la negativa de bancarizar el pago -o pedir comisión extra para efectivizarlo-, quedarse con reserva o seña de alquileres que por razones de fuerza mayor no se van a concretar, o cobrar comisión inmobiliaria para renovar contratos que deberían prorrogarse por 180 días.

Incumplimiento del decreto presidencial que prorroga contratos

Y otro 6% tiene que ver con la exigencia de renovar el contrato de locación, desconociendo la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de alquiler. De esta manera se libera el precio de la nueva locación y se aplica muchas veces comisiones ilegales.

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