La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su segundo informe especial de 2025 sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, en el marco de su labor como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El informe, realizado en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo de CABA, revela un aumento significativo en la represión estatal durante la primera mitad del año.
24 de julio 2025 - 20:07
Aseguran que en 2025 aumentó la represión policial: hubo más heridos y detenciones arbitrarias en protestas
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria denunció un incremento de episodios represivos en comparación con el año anterior.
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La Policía federal y los efectivos de la Ciudad durante un operativo contra una marcha de jubilados.
En ese período, la CPM supervisó 39 movilizaciones en la Ciudad. En 21 de ellas se registraron episodios represivos, en contraposición con la proporción de 3 represiones cada 10 protestas del 2024. Este dato refuerza una conclusión central del informe: existe una decisión político-institucional de intensificar el uso de la fuerza frente a la protesta, afectando especialmente a sectores vulnerables como adultos mayores y trabajadores informales.
El monitoreo también muestra un incremento en la violencia: entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 1.251 personas heridas, 36 más que durante todo el año anterior. En muchos casos, se trató de lesiones graves, como la de un manifestante que perdió un ojo, o la del fotógrafo Pablo Grillo, quien estuvo internado en terapia intensiva durante 83 días tras recibir el impacto de una bomba de gas en la cabeza. Grillo continúa hospitalizado.
Además, se registraron 130 detenciones arbitrarias, superando las cifras de 2024. Según la CPM, estas aprehensiones se realizaron sin información adecuada sobre motivos o paradero, y entre las personas detenidas hubo periodistas, vendedores ambulantes, jóvenes y personas sin vínculo con las protestas.
El despliegue policial, tanto de fuerzas federales como de la Policía de la Ciudad, fue calificado como “desproporcionado”. En varias movilizaciones, la cantidad de efectivos duplicó o triplicó a la de manifestantes. La Comisión advirtió un uso sistemático e irregular de armas menos letales, como postas de goma disparadas a corta distancia y contra zonas vitales, gases lacrimógenos dirigidos al rostro, golpes con tonfas y escudos, y uso de camiones hidrantes sobre la vía pública.
Entre las víctimas relevadas se cuentan 132 adultos mayores, 4 niños, niñas y adolescentes, 179 trabajadores de prensa y al menos 20 defensores de derechos humanos, incluidos integrantes del propio equipo de monitoreo de la CPM.
El informe también señala la falta de consecuencias institucionales para los responsables. Todas las causas penales iniciadas se encuentran sin avances significativos, mientras que los sumarios internos han sido cerrados en su mayoría, sin sanciones para los agentes involucrados.
“La maquinaria represiva ilegal, sostenida por el Gobierno nacional, tiene por objetivo generar miedo y limitar la participación ciudadana”, concluye el informe. Para la CPM, la legitimación de la violencia estatal en este contexto representa una degradación seria del sistema democrático y sus instituciones.
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