Atentado a la Embajada de Israel: a más de 30 años del ataque terrorista que marcó a la Argentina

Una camioneta cargada con explosivos destruyó la sede diplomática en 1992, dejó 22 muertos y más de 240 heridos.

El hecho fue el antecedente directo de la tragedia de la AMIA en 1994, que provocó 85 víctimas fatales.

A 34 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, el caso sigue siendo uno de los episodios más graves y sensibles de la historia argentina.

El 17 de marzo de 1992 una explosión destruyó la sede diplomática en pleno barrio de Retiro y dejó 22 muertos y más de 240 heridos. Fue el primer ataque terrorista en el país y marcó el inicio de una secuencia trágica que dos años más tarde tendría su punto más alto con el atentado a la AMIA, que causó 85 víctimas fatales.

Ambos hechos no solo expusieron la vulnerabilidad del Estado frente a este tipo de violencia, sino que también dejaron al descubierto las limitaciones de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.

Hoy, la causa sigue abierta, sin condenas y con una sensación de impunidad que atraviesa a familiares y sobrevivientes.

¿Cómo fue el ataque a la Embajada de Israel en 1992?

La tarde del martes 17 de marzo de 1992 transcurría con normalidad hasta que, a las 14:45, una explosión cambió todo en cuestión de segundos. Una camioneta Ford F-100 cargada con pentrita y trinitrotolueno había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA dirigía en la calle Cerrito entre Juncal y Arroyo.

Cerca de la hora, el vehículo circuló por Arroyo, se subió a la vereda, impactó contra el frente de la sede diplomática y detonó de inmediato, según estableció la Corte Suprema a fines de 1999.

La onda expansiva fue devastadora. El edificio de la Embajada y el Consulado quedó completamente destruido, mientras que construcciones cercanas, incluida la iglesia San Marón, un hogar de ancianos, un jardín de infantes y viviendas particulares sufrieron daños graves. En varias cuadras a la redonda se sintió el estallido, con vidrios rotos y autos destruidos.

”Era un escena de guerra”, contaron más de una vez los rescatista que llegaron a la zona.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el desconcierto. Muchos pensaron que se trataba de una explosión doméstica. Vecinos y transeúntes comenzaron a remover escombros con sus propias manos, en un intento desesperado por buscar sobrevivientes.

"Llegamos en ambulancia a muy pocos minutos de ocurrido el episodio. Sabíamos de la explosión, pero pensamos que había sido una garrafa, nunca imaginamos que podría pasar algo así. No se te cruza por la cabeza. La sensación que te invade al encontrarte con eso es de angustia, de no saber qué hacer, de máxima incertidumbre. Sentís una gran desolación. Me marcó mucho. Son situaciones que superan el profesionalismo", señaló Jorge Neira, médico que participó en los rescates en una entrevista a Todo Noticias (TN).

Con el correr de las horas llegaron bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. Se montó un operativo de emergencia mientras los hospitales de la ciudad recibían a los heridos. Las tareas se extendieron durante toda la noche, con pausas de silencio para intentar detectar señales de vida bajo los restos.

"El SAME se había formado hacía un año y fue su primera puesta en valor. Yo fui solo uno de los que trabajaron en ese momento. Cada uno hizo lo que podía para ser solidario", agregó Neira.

La Corte Suprema de Justicia tardó 7 años en determinar la cantidad de fallecidos en el ataque. El número que se instaló, en un primer momento, era 29. Pero, en 1999, y después de algunos inconvenientes en la investigación, el máximo tribunal decretó que las víctimas fatales fueron 22.

Entre ellos, había empleados y diplomáticos de la Embajada, vecinos, peatones, un sacerdote, un taxista, un albañil, un plomero y dos ancianas del asilo ubicado frente a la Embajada.

La causa judicial: ¿por qué no hay culpables tras tres décadas?

Al tratarse de un ataque contra una sede diplomática, el expediente quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que asumió competencia originaria. Esto implicó que el máximo tribunal no solo debía juzgar, sino también investigar, una situación excepcional que condicionó el desarrollo del caso desde sus inicios.

En los primeros meses se trabajó sobre distintas hipótesis. Las pericias realizadas por la Policía Federal y Gendarmería coincidían en que se había tratado de un coche bomba, aunque diferían en el tipo de explosivo utilizado.

En paralelo, algunos informes técnicos sostenían que la detonación podría haber ocurrido dentro del edificio, en un contexto en el que la sede estaba siendo refaccionada. Esa línea fue finalmente descartada con el paso de los años.

El fallo clave llegó en 1999, cuando establecieron de manera formal que el atentado había sido ejecutado mediante un vehíuclo y atribuyó su autoría a la Jihad Islámica, el brazo armado de Hezbollah.

A partir de ahí, la causa avanzó sobre la identificación de posibles responsables individuales. Uno de los principales señalados fue Imad Mughniyah, un alto jefe operativo del grupo, sobre quien pesó una orden de captura internacional durante años.

También se investigaron conexiones en América del Sur, especialmente en la zona de la Triple Frontera, donde se sospechaba que operaban redes de financiamiento y logística.

En ese contexto aparecieron nombres como los de integrantes de la familia Salman El Reda, vinculados a movimientos de dinero ilegal que podrían haber servido para sostener la estructura del atentado.

Samuel Salman El Reda

Sin embargo, ninguno de los avances logró traducirse en detenciones concretas ni en un proceso judicial con imputados presentes. Parte del problema radicó en la dependencia de información proveniente de servicios de inteligencia extranjeros, muchas veces imposible de verificar en sede judicial.

A eso se sumaron las dificultades para obtener cooperación internacional efectiva y el paso del tiempo, que fue debilitando pruebas y testimonios.

Por otro lado, distintas investigaciones reforzaron la hipótesis de la participación de Hezbollah con apoyo de Irán. En Estados Unidos, un tribunal federal, junto con el FBI, llegó a responsabilizar a ambos actores en una causa civil y ordenó indemnizaciones a familiares de víctimas.

Por su parte, informes de inteligencia israelíes, que se hicieron públicos en 2003, señalaron que la cúpula iraní habría tenido conocimiento previo del ataque y habría dado su aval. Ese mismo año, el embajador de Israel, Benjamín Orón, leyó en el acto por el atentado un mensaje del canciller israelí Silvan Shalom, en el que decía que su país tenía pruebas de que Irán y Hezbollah eran los responsables.

En 2015, después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó públicamente saber en qué estado estaba el expediente.

El dirigente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti señaló: "En la causa de la Embajada de Israel hubo una sentencia en el año 1999, es decir mucho antes de la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó quienes eran los culpables. Y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la Yihad Islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos como tribunal modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada".

La última frase hacía pensar que el caso estaba cerrado, pero días después el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó una aclaración en la que ratificaban que la investigación seguía.

Seis meses después, la Corte ordenó la captura internacional de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.

Más recientemente, una investigación difundida en 2022 por el Mossad aportó detalles sobre la planificación del ataque, incluyendo el ingreso clandestino de explosivos al país y la existencia de una red operativa montada en la región desde fines de los años 80.

Ese mismo informe también planteó que no habría existido participación directa de ciudadanos argentinos en la ejecución, aunque esta conclusión fue cuestionada por distintas organizaciones, que reclamaron acceso a datos completos y verificables.

El resultado, más de tres décadas después, es una causa que logró establecer un contexto y señalar responsabilidades generales, pero que nunca pudo identificar, detener y juzgar a los autores materiales e intelectuales del atentado.

¿Qué pasó con el edificio y dónde se encuentra el monumento actual?

El edificio quedó completamente destruido después la explosión y nunca fue reconstruido. En su lugar, se tomó la decisión de preservar el espacio como sitio de memoria, en reconocimiento a las víctimas y como recordatorio permanente del atentado.

Con el paso de los años, el predio fue transformado en la actual Plaza Embajada de Israel, ubicada en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha. Ahí se conserva parte de una pared original que sobrevivió al ataque.

El espacio fue diseñado con un fuerte sentido conmemorativo. Se colocó una placa con los nombres de las 22 víctimas fatales y se plantaron tilos en su honor. Además, se instaló un monumento dedicado tanto a los fallecidos como al Estado de Israel.

En 2007, el sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional, lo que reforzó su valor simbólico y su preservación. Cada 17 de marzo, familiares, autoridades y ciudadanos se reúnen para rendir homenaje y renovar el reclamo de justicia.