Cinco personas, dos de ellas abogados, fueron detenidas este lunes en 12 allanamientos realizados en distintos partidos del conurbano y en ciudades bonaerenses, acusadas de integrar una banda de los denominados "rompehuesos" que cometieron numerosas estafas contra compañías de seguros.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes policiales informaron que los procedimientos se realizaron durante la madrugada en Ingeniero Allan, Don Orione, Claypole, Florencio Varela, Longchamps, Bernal y Chascomús, por parte de efectivos de la Dirección Casos Especiales de la Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense, a cargo del comisario inspector Guillermo Aristiz.
Los aprehendidos hasta el momento fueron identificados por la policía como Julio César Bay (29), Ezequiel Diego Urtusar (25), Alicia Cristina Zalazar (25) y los abogados Silvana Teresa Canda (50) y César Alejo Tampallini (55).
De acuerdo a las pesquisas, la organización criminal comenzó a operar en 2008 y desde entonces cometió numerosas estafas contra aseguradoras, mediante la modalidad conocida como "caranchos".
La banda reclutaba a indigentes a los que les fracturaban huesos -particularmente los de los brazos- con un palo envuelto en goma y, posteriormente, los hacían presentarse ante compañías de seguros simulando ser víctimas de accidentes de tránsito.
Los detectives descubrieron que quienes sufrían las lesiones recibían muy poco dinero a cambio -unos 400 pesos- y que eran amenazados para que no denunciaran las estafas, mientras que los abogados que los patrocinaban en la demanda cobraban sumas cercanas a los 35.000 pesos, además de honorarios profesionales.
Las fuentes informaron que la banda reclutaba además falsos testigos para que declararan sobre los inexistentes accidentes.
La investigación se inició tras la denuncia de las compañías de seguros que detectaron contradicciones en las presentaciones y coincidencias entre las denuncias. También advirtieron que todas ellas se concentraban en un solo estudio jurídico.
En la mayoría de los casos, las denuncias indicaban que las víctimas eran vendedores ambulantes que circulaban en bicicleta en horas de la noche y eran embestidos desde atrás por los vehículos.
En ese sentido, uno de los hechos investigados ocurrió el 13 de noviembre de 2008, en ruta 36 y Roque Pérez de Florencio Varela, cuando una de las acusadas iba a bordo de un Fiat Europa, con el que supuestamente había embestido a un ciclista que le ocasionó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fractura expuesta de muñeca izquierda.
En septiembre de 2009, un estudio localizó a la víctima de ese hecho y confesó que el siniestro nunca ocurrió ya que un tal Julio de la zona de La Carolina o barrio Parque de Florencio Varela, le propuso romperse el brazo y pasarlo como un accidente.
Según el relato del hombre, estaban en la casa de Julio, en compañía de dos personas más, identificadas como Lucas y Mariano, siendo este último quien se encargó de romperle el brazo con un palo envuelto en goma y le quebró la muñeca de la mano izquierda.
Luego, el hombre declaró que fueron en un auto Corsa "verdecito" a la estación de servicio YPF ubicada en Zenzabello y Calchaquí, donde estaba todo preparado con una testigo, embarazada, y otra conductora de un Fiat Europa que había llegado minutos antes.
En forma inmediata, se trasladaron al lugar donde iba a ser el "accidente" y un hombre se aproximó con una bicicleta que dejó ahí como para simular que iba en la misma al momento del impacto.
La víctima afirmó que se fueron casi todos y quedaron la conductora y la testigo, quienes llamaron al 911, por lo que el hombre fue trasladado al Hospital materno de Florencio Varela, donde al ingresar se le aproximó la misma persona que dejó la bicicleta y le prometió darle un celular.
Luego de los hechos, el hombre dijo que se reunió con Julio, Mariano y Lucas, quienes le dieron 100 o 50 pesos "para que tire en la semana".
Una semana mas tarde, lo llevaron a una escribanía y le dijeron que si firmaba el poder le iban a dar 2.000 pesos, por lo que debió entregarles el documento de identidad, y en un galpón de Claypole, lo amenazaron con matar a sus hijos y a su mujer si no hacía lo que ellos querían.
En tanto, fuentes de la investigación informaron que no se descartan nuevas detenciones ya que la banda poseía un gran despliegue de reclutadores y abogados.
El caso fue caratulado como "defraudaciones reiteradas y en grado de tentativa" y es investigado por el fiscal Alejandro Ruggeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial Quilmes y por la Jueza de Garantías 1, Adriana Alicia Myszkin.
Dejá tu comentario