La Justicia Federal desarticuló una organización acusada de captar argentinos mediante engaños para enviarlos a la guerra. Una ex policía fue detenida en Tigre, mientras que su pareja permanece prófuga.
Desbarataron una banda que reclutaba mercenario para combatir en Ucrania.
Una investigación encabezada por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) permitió desbaratar una organización dedicada a reclutar ciudadanos argentinos para viajar a Ucrania bajo falsas ofertas laborales que, según la Justicia, terminaban convirtiéndose en una forma de explotación vinculada al conflicto bélico.
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Durante un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en Tigre, fue detenida una mujer acusada de integrar la estructura criminal. En tanto, su pareja, también señalada como miembro de la organización, permanece prófuga luego de haber abandonado el país con destino a Brasil pocos días antes del allanamiento.
De acuerdo con la investigación, la organización captaba principalmente a exmilitares, expolicías y exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante publicaciones en redes sociales.
A los interesados les prometían incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con un salario cercano a u$s 3.000 mensuales.
Sin embargo, las condiciones reales del contrato eran ocultadas bajo el argumento de que se trataba de información reservada por cuestiones de seguridad.
Como parte del engaño, los reclutadores entregaban documentación redactada en idioma ucraniano donde figuraban tareas ajenas a la actividad militar y les indicaban qué responder en los controles migratorios.
Según la causa, debían afirmar que viajaban para desempeñarse en el rubro de la construcción, ocultando que el verdadero destino era una zona de guerra.
La causa se inició en marzo de este año, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron irregularidades durante el control de cuatro hombres que intentaban viajar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Ucrania.
Los investigadores advirtieron que ninguno sabía quién había comprado los pasajes, desconocían quién los recibiría en Europa, no podían explicar cuál sería su trabajo y tampoco contaban con pasaje de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía.
A partir de esas inconsistencias se activó el protocolo correspondiente y comenzó una investigación que incluyó tareas de inteligencia, seguimiento, análisis de comunicaciones y vigilancia.
Con el avance de la pesquisa, los fiscales reconstruyeron que los cuatro habían sido captados para participar del conflicto armado bajo falsas promesas económicas.
La investigación permitió identificar a los presuntos reclutadores y avanzar sobre una estructura que, según los fiscales, presentaba características de una organización criminal transnacional.
Entre los elementos analizados figuran promesas de salarios elevados, cobertura de gastos de viaje, supuestos seguros de vida y mecanismos que generaban deudas para impedir que las víctimas abandonaran la organización.
Además, la Justicia detectó que, una vez en Ucrania, muchos combatientes sufrían la retención de sus documentos personales y quedaban sometidos a distintos mecanismos de coerción.
Según la investigación, los reclutadores aseguraban que los combatientes contarían con un seguro de u$s 400.000, destinado a sus familias en caso de fallecer durante la guerra.
Los investigadores determinaron que esa cobertura nunca existió. También comprobaron que los reclutados no cobraban los u$s3.000 prometidos.
En los casos analizados por la Justicia, quienes llegaron a Ucrania recibieron apenas u$s600, muy por debajo de lo ofrecido durante el proceso de captación.
La principal detenida es la ex policía bonaerense Griselda Inés Ortiz, quien, de acuerdo con la investigación, percibía alrededor de u$s 400 por cada combatiente reclutado.
Durante la indagatoria prefirió no declarar y respondió únicamente que vivía "de lo que me pasan mis hijos".
Su pareja, el ex policía Jorge Otero, conocido como "Sargento Trembo", permanece prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
La investigación estableció que ambos viajaron en distintas oportunidades a Ucrania y publicaron imágenes en redes sociales utilizando uniforme militar.
La Justicia también ordenó inmovilizar las cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos en criptomonedas vinculados a la pareja.
Fuentes judiciales y policiales estiman que distintas células dedicadas al reclutamiento continúan operando en Argentina.
Según la investigación, esas organizaciones ya habrían enviado al menos 50 argentinos a combatir en Ucrania, distribuidos en tres contingentes durante los últimos nueve meses.
Mientras algunos permanecen en territorio ucraniano, otros regresaron al país tras permanecer entre cinco y seis meses en la zona de conflicto.
Antes de los allanamientos, la PROTEX había puesto en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) la existencia de este tipo de maniobras.
Los fiscales advirtieron que existían indicios de una estructura organizada que seleccionaba perfiles específicos, coordinaba grupos completos y gestionaba viajes solo de ida hacia países cercanos al conflicto.
En julio de 2026, INTERPOL emitió además una notificación morada para alertar sobre este método de reclutamiento, luego de que investigadores en Colombia detectaran un esquema similar dirigido a exintegrantes de fuerzas de seguridad.
Según esa alerta, las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales, trasladadas a Europa y, una vez en destino, sometidas a retención de documentación, amenazas, endeudamiento ficticio y coerción para obligarlas a participar en acciones de combate.
La mujer detenida será indagada por el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas, mientras continúa el análisis del material secuestrado durante los allanamientos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Sergio Mola y de los titulares de la PROTEX, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, quienes sostienen que la maniobra podría configurar un caso de trata de personas con fines de explotación laboral en el contexto de un conflicto armado internacional.