La nueva norma incorpora una vía excepcional para acreditar la falta de ingresos y acceder a la exención del arancel cuando no aparece aprobada automáticamente.
La constancia deberá estar firmada por un profesional habilitado e incluir información sobre vivienda, familia, empleo e ingresos del solicitante.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) cambió el mecanismo para acceder a la exención del pago del Documento Nacional de Identidad. La medida quedó establecida mediante la Disposición 755/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, y suma una instancia de evaluación para quienes no consiguen la aprobación automática.
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El cambio alcanza a las personas que no cuentan con recursos económicos para afrontar el trámite, pero cuya situación no aparece reconocida en las bases de datos que consulta el organismo. Para esos casos, se aprobó un Certificado de Gratuidad que permitirá justificar la solicitud y respaldarla con una evaluación profesional.
La exención del arancel está contemplada en el artículo 30, inciso b), de la Ley 17.671, modificado por la Ley 27.611. Esa normativa establece que pueden acceder al beneficio las personas que no tengan recursos económicos para pagar el documento, así como sus hijos menores de 18 años y otras personas con capacidades restringidas que estén a su cargo.
Hasta ahora, el Renaper identificaba a quienes reunían las condiciones mediante el intercambio de información con organismos estatales. El procedimiento toma datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que definen quiénes pueden obtener el DNI sin pagar la tasa.
La Disposición 755/2026 mantiene ese mecanismo, pero incorpora una alternativa para quienes no aparecen dentro de grupo y consideran que cumplen los requisitos económicos. En esos casos, podrán solicitar voluntariamente la gratuidad y presentar documentación que respalde su situación.
El requisito central es contar con el Certificado de Gratuidad aprobado por el organismo. El documento deberá estar firmado por el solicitante y contar con la intervención de un licenciado en Trabajo Social con matrícula habilitante o un profesional afín que trabaje en instituciones nacionales, provinciales o municipales de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
También deberá estar dirigido a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, incluir los datos completos del titular y tener menos de 30 días de antigüedad al momento de iniciar el trámite. La norma no establece un límite de ingresos único para todos los casos. En cambio, dispone que la situación económica sea evaluada individualmente a partir de la información del grupo familiar, las condiciones de vivienda y los recursos disponibles.
El Certificado de Gratuidad es el instrumento que permitirá demostrar que una persona no puede afrontar el costo del documento cuando el sistema no le reconoce automáticamente la exención. Requiere la intervención de un profesional habilitado que evalúe la situación socioeconómica.
El profesional deberá completar una evaluación final y dejar asentado expresamente si la persona se encuentra alcanzada por la exención prevista en la ley. Tanto el solicitante como quien intervenga deberán firmar el certificado, que tiene carácter de declaración jurada.
La presentación será necesaria para quienes no obtengan la gratuidad automática y pidan una revisión por falta de recursos. En cambio, quienes ya sean reconocidos por el sistema de consulta de bases estatales no deberán iniciar este procedimiento adicional.
La nueva norma incorpora una herramienta informática llamada «Bandeja de Gratuidad». Ahí se van a registrar los trámites que requieren una revisión manual porque la exención no fue concedida automáticamente. Para iniciar el procedimiento, el solicitante deberá manifestar que necesita hacer el trámite sin cargo y presentar el certificado en una oficina habilitada.
Una vez ingresada la solicitud, la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI) tendrá a su cargo el análisis. Cada caso se revisa individualmente, en función de los documentos presentados y de las verificaciones disponibles en los sistemas del organismo. La evaluación puede terminar con tres resultados: aprobación, observación o rechazo. Si el certificado cumple las condiciones y acredita la falta de recursos, se autorizará la gratuidad y seguirá el proceso de emisión del documento.