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24 de noviembre 2006 - 00:00

Docentes marcharon al Congreso por Ley de Educación

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La ley Nacional de Educación impulsada por el Poder Ejecutivo, que modifica la estructura del sistema educativo, su financiamiento, la carrera docente y los contenidos curriculares, será debatida en el Senado el próximo 6 de diciembre.
Así lo confirmó titular de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la kirhnerista por Entre Ríos, Blanca Osuna, al término de un encuentro que mantuvo -junto a organizaciones sindicales y legisladores de otras fuerzas- con el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini.
De la reunión participaron además el flamante secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y legisladores de diferentes fuerzas como la presidenta de la comisión de Educación del Senado, la radical Amanda Isidori, y los diputados Edgardo Depetri (FPV), Claudio Lozano (Emancipación y Justicia) y Delia Bisuti (ARI).
Si bien los dirigentes sindicales y los legisladores respaldaron la iniciativa en general, Osuna no descartó que se puedan introducir modificaciones al texto que se debate en el Senado, al sostener que "el debate no está cerrado".
Depetri puso de relieve que, con esta norma, "el gobierno junta la participación de docentes, movimientos sociales y organizaciones populares para consolidar políticas distributivas y universales para el conjunto de la población".
Previamente, los legisladores participaron de una marcha en respaldo de la ley, que partió desde Avenida de Mayo y Santiago del Estero hasta el Congreso, donde fueron recibidos por Balestrini.
La jornada finalizó con un encuentro realizado en el auditorio de la cámara baja del que participaron organizaciones territoriales como Barrios de Pie, Libres del Sur, el Frente Transversal, Movimiento Territorial de Liberación, sectores de ATE, Suteba, Ctera y el Movimiento Barrios Bonaerenses.
También, estuvieron la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Agraria Argentina, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Movimiento Evita, entre otros.
Los puntos centrales de la Ley son la implementación de una sola estructura educativa en reemplazo de las 54 existentes en el país, los 13 años de escolaridad obligatoria, la obligación para el Estado de ofrecer la sala de cuatro años, la jornada extendida o completa en la primaria y reformas a la carrera docente con la creación de un Instituto Nacional.
La iniciativa plantea además a la educación como un bien público y la considera una política de Estado.

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