Un conflicto por los derechos sobre una porción de terreno en San Carlos de Bariloche entre la Escuela Militar de Montaña, perteneciente al Ejército Argentino, y la comunidad mapuche, escaló hasta el ámbito jurídico.
Conflicto entre una comunidad mapuche y el Ejército por una supuesta usurpación de tierras
Una porción de terreno en San Carlos de Bariloche está en pugna entre los integrantes de Millalonco Ranquehue y la Escuela Militar de Montaña. El juzgado federal ya intervino en el caso.
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Según el Ejército, la comunidad Millalonco Ranquehue ocupó ilegalmente un predio militar. Según los mapuches, los militares irrumpieron en sus tierras y desmantelaron la estructura donde se desarrollaba un proyecto de huerta comunitaria intercultural.
Matías Schraer, el abogado de la comunidad, explicó que los miembros y otras familias de Villa Los Coihues habían levantado un invernadero enorme “de 5 metros de ancho por 40 de largo, en tierras de la comunidad Millalonco Ranquehue, ubicadas en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues”, según relató el medio Rio Negro. “Estaba todo listo para poner el nailon”, advirtió.
Sin embargo, la Escuela Militar de Montaña alega que ese terreno le pertenece, por lo que realizó la denuncia por usurpación de tierras públicas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche. A continuación, una patrulla desarmó la construcción improvisada, se entregó todo el material a la Policía Federal y se instaló una carpa para evitar posibles asentamientos.
“Cortaron todos los postes y retiraron la manguera que se había instalado para el riego del invernadero”, describió Schraer a Rio Negro, y agregó: “El Ejército se metió en un territorio que no le corresponde y destruyó lo que 40 familias habían levantado”.
Por eso, los integrantes de la Millalonco Ranquehue y su abogado aportaron una resolución firmada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que supuestamente les da el control de la zona. Ante esta situación, el juzgado federal recomendó retirar el puesto militar colocado de forma preventiva para evitar que la situación pasara a mayores.
A continuación, el Ejército realizó una ampliación de la denuncia. Será entonces el Estado quien ahora tendrá que presentar documentación respaldatoria de la titularidad de las tierras.
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