La administración de Javier Milei aprobó un régimen de desvinculación voluntaria para trabajadores de la Administración de Parques Nacionales. La medida contempla indemnizaciones especiales, elimina los cargos vacantes y excluye a los guardaparques.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN), un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete, en el marco de la política de reducción y reorganización de la estructura estatal impulsada por la gestión de Javier Milei.
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La medida fue oficializada a través de la Resolución 191/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y establece las condiciones para que parte del personal pueda desvincularse de manera voluntaria mediante el cobro de una gratificación extraordinaria.
Según la normativa, podrán adherirse los trabajadores alcanzados por el régimen de estabilidad previsto en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164 que acrediten al menos dos años de antigüedad. En cambio, quedaron excluidos quienes mantengan sumarios administrativos en trámite, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales contra el Estado y también el personal que integra el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
La implementación del programa quedará en manos de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que será la encargada de recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva.
El régimen prevé el pago de una gratificación extraordinaria por egreso para quienes obtengan la aprobación de su solicitud. Los trabajadores de hasta 60 años percibirán una suma equivalente al 90% de su remuneración bruta mensual por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses. Para quienes tengan 61 años o más, el porcentaje se reducirá al 85%.
El beneficio será abonado en dos etapas: un primer desembolso equivalente al 35% del monto total a los quince días de la baja administrativa y el 65% restante en dos cuotas mensuales consecutivas.
La resolución también establece límites para los trabajadores de mayor edad. Entre los 61 y los 63 años, la compensación tendrá un tope de 24 salarios brutos, mientras que para quienes tengan 64 años o más el máximo será de 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo serán liquidados por separado.
Uno de los puntos centrales del programa es que cada adhesión aceptada implicará la eliminación del puesto vacante generado por la desvinculación. Además, quienes ingresen al régimen deberán renunciar expresamente a realizar futuros reclamos administrativos o judiciales vinculados con su relación laboral.
La normativa también fija una restricción para el reingreso al sector público nacional. Los beneficiarios del retiro voluntario no podrán volver a desempeñarse en organismos estatales durante un período de cinco años, cualquiera sea la modalidad de contratación, con la única excepción de los cargos docentes en universidades nacionales.
La resolución dispone además que las actuaciones sean comunicadas a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y a la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Con esta decisión, el Gobierno suma un nuevo capítulo a su estrategia de reducción del empleo público y racionalización de estructuras administrativas, una política que viene aplicando en distintos organismos de la administración nacional desde el inicio de la gestión libertaria.