El Ente Nacional de Comunicaciones dejó sin efecto el procedimiento vigente desde 2020 y aprobó un nuevo protocolo para actuar frente a interferencias perjudiciales que afecten servicios como la navegación aeronáutica, las comunicaciones de emergencia y otros cuya alteración pueda poner en riesgo la seguridad de la población.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un nuevo Protocolo para la Intervención en Casos de Interferencias Perjudiciales sobre Servicios Esenciales, con el objetivo de agilizar la detección y resolución de emisiones que puedan afectar servicios vinculados con la seguridad pública. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
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La norma deja sin efecto la Resolución 1235/2020, que regulaba hasta ahora este tipo de procedimientos, luego de que el organismo concluyera que la experiencia acumulada durante casi seis años evidenció la necesidad de revisar y actualizar el mecanismo de actuación.
En los fundamentos de la resolución, el ENACOM sostuvo que las interferencias sobre los servicios esenciales requieren un procedimiento "claro, sumario y expedito" debido al riesgo que representan. Además, señaló que el análisis de distintos expedientes permitió detectar demoras incompatibles con la gravedad de estas situaciones, por lo que consideró prioritario contar con un protocolo que permita una respuesta más rápida para prevenir potenciales riesgos para la vida humana.
El nuevo procedimiento alcanza a los servicios móviles aeronáuticos, los servicios de radionavegación aeronáutica utilizados en aeropuertos y aeródromos, los servicios de emergencia y, en general, a cualquier servicio cuya interferencia pueda poner en peligro la seguridad de la ciudadanía, la vida humana o el cumplimiento de funciones asignadas a organismos públicos.
Según la resolución, la actualización también busca mejorar la coordinación entre las distintas áreas técnicas del organismo para lograr una rápida intervención técnica, seguida de un procedimiento administrativo abreviado que permita definir la situación del presunto interferente, garantizando al mismo tiempo los derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.
Además, el ENACOM resolvió que la facultad para declarar la ilegalidad de las estaciones afectadas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, en los términos del artículo 116 de la Ley 26.522, quedará en manos de la máxima autoridad del organismo. Asimismo, autorizó a su Servicio Jurídico a impulsar las acciones judiciales que correspondan conforme a la legislación vigente.