Investigan a Policía Federal por echar a cabo enfermo de sida

El cabo Fernando Fabio Tomasi, de 36 años, casado y padre de tres hijos, anticipó a Télam que con la resolución del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) iniciará una demanda civil por daños y perjuicios contra la fuerza.

La Policía Federal asumió de inmediato su defensa y aseguró que Tomasi fue separado de sus filas tras ser detenido, en 2002, acusado de intentar extorsionar a una comerciante.

Pero el delito achacado, que para el suboficial es parte de una "trampa", no fue comprobado de momento por la justicia.
Tomasi denunció que contrajo la enfermedad el 10 de mayo de 1997 cuando se desempeñaba como chofer de móvil de la comisaría 44 y forcejeó con un preso infectado de HIV, que gozaba de libertad condicional y que quiso suicidarse en su casa por un desengaño amoroso.

El convicto, Marcelo Vilche, fue trasladado por Tomasi al hospital Vélez Sarsfield de donde pretendió huir.
"En esas circunstancias Vilche se arrancó los tubos del suero e intentó huir, Tomasi lo contuvo y un chorro de sangre salpicó su rostro y entró en uno de sus ojos", agrega el informe del INADI.

Según el dictamen del INADI, al que accedió Télam hoy, la baja del enfermo fue dispuesta "por el hecho de estar procesado penalmente, sin importar el resultado final de la causa, violando el principio de inocencia".
El texto añade que existe por parte de la fuerza de seguridad "una falta de razonabilidad en la baja (de Tomasi) que torna verosímil la existencia de una persecución personal o discriminatoria".

Un vocero de la Policía sostuvo, en cambio, que existen "muchos agentes infectados con HIV en la fuerza y no son echados" y aseguró que la institución "está acostumbrada a contener a su personal".

En el caso de Tomasi, el vocero sostuvo a Télam que "se enfermó mucho antes de ser dado de baja y siguió trabajando para la policía con tareas aliviadas" hasta que se dispuso su baja dos años después de haber sido acusado de un delito.

Al INADI no le convenció este argumento y advirtió que se "victimizó a un trabajador policial enfermo de sida, que quedó sin posibilidad de ganarse sustento, atender su salud y mantener a su familia".

Es que Tomasi fue echado de la institución pese a no tener condena y cuando faltaban tres meses para que cumplieran los diez años necesarios para cobrar un haber mínimo de retiro y tener una obra social de por vida que le permitiera cubrir los gastos de su enfermedad.

Según el INADI, que depende del Ministerio de Justicia, la Policía Federal "no sustanció las medidas convenientes para esclarecer los hechos" pese a que "era la única habilitada por ley para hacerlo".

El INADI acusó a la Policía Federal de no haber ordenado los exámenes médicos correspondientes para determinar si efectivamente Tomasi se contagió del preso Vilches.
El denunciante -acota en su dictamen el INADI- "accionó por todos los medios a su alcance para que la Policía reconociera la vinculación de su enfermedad con el acto de servicio" pero la institución "no sustanció las medidas tendientes a probar dicha vinculación".

No obstante, la Policía "reconoce el acaecimiento del accidente en servicio, reconoce que la sangre de Vilche entró en uno de los ojos de Tomasi y admite que existe un tres por mil de probabilidad de contagio de sida por la vía ocular".

En sus conclusiones, el INADI sostiene que la baja de Tomasi fundada en la imputación de un delito sin condena y a tres meses de cumplirse los diez años de servicio que le permitiera gozar de los haberes de retiro, constituye "un daño punitivo tal que autoriza presumir 'juris tamtum' una persecución discriminatoria por enfermedad".

En la resolución firmada por los abogados Matías Sommaruga y Susana Torres, el INADI anticipó también que ofrecerá asesoramiento jurídico al ex cabo para que se revise judicialmente su baja.

Tomasi había denunciado el caso de discriminación el 10 de mayo de 2001 ante el juez federal Jorge Urso, quien archivó la causa "por inexistencia de delito", contó el suboficial.