Imagen del año 2014, en el acampe que llevan adelante los manifestantes ambientalistas contra la multinacional Monsanto, en Córdoba
La Justicia cordobesa ordenó desalojar este jueves a los vecinos y ambientalistas que desde hace dos años acampan y bloquean el acceso a un predio en el que la multinacional Monsanto pretende construir una planta industrial de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
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El Fiscal de instrucción Víctor Hugo Chiapero envió una orden judicial para desalojar antes del mediodía del 31 de diciembre el acampe que desde septiembre de 2013 se mantiene en la puerta del predio ubicado en el kilómetro 9,5 de la A88, en el pueblo cordobés de 13.000 habitantes.
La tensión volvió a ganar terreno así en la localidad cuyos habitantes fueron varias veces reprimidos por la Policía, por rechazar la radicación de una de las plantas de semillas de maíz transgénico más grandes del mundo, con la que Monsanto pretende abastecer el mercado interno y exportar.
Chiapero dio a conocer la orden judicial que exige que antes del medio día de este 31 de diciembre se permita la libre circulación en el predio e indica que de no cumplirse la orden "se ordenará la remoción por la fuerza pública".
La situación se generó a pesar de que la empresa no cuenta con autorización oficial para continuar con las obras ya que la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba ha rechazado el estudio de impacto ambiental presentado por la misma.
Además, un fallo de la Justicia de la Provincia había declarado arbitrarias e inconstitucionales las decisiones municipales que autorizaban la radicación de la planta de semillas por no cumplir mandatos legales.
Desde hace más de tres años vecinos y vecinas, organizaciones sociales, asambleas, ONGs, instituciones y universidades nacionales de Argentina han manifestado mediante diversas medidas que Monsanto tampoco cuenta con la licencia social para instalarse en Córdoba.
Aunque en un principio el bloqueo impidió el acceso para que la multinacional continuara con las obras ante la falta de respuestas de las autoridades, las resoluciones judiciales y gubernamentales determinaron la paralización de la planta.
La orden judicial de desalojo llegó ahora un 31 de diciembre, al mismo tiempo en que comienza la feria del Poder Judicial y que gran parte de la población se encuentra fuera de la ciudad.
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