El juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio denunció a nueve policías bonaerenses que fueron sorprendidos por el propio magistrado comiendo pizza en la alcaidía de los Tribunales penales de esa ciudad, luego de que se negaran a trasladar a dos detenidos hasta un juzgado "por falta de personal".
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El escandaloso episodio, que fue ampliamente comentado dentro de los Tribunales, se inició el martes último, cerca de las 14, según revelaron empleados y funcionarios judiciales.
Todo comenzó cuando funcionarias del Juzgado de Garantías 5 de La Plata llamaron a la alcaidía para pedir el traslado de dos detenidos: uno para una excarcelación y otro por una denuncia, que quería formular por posibles apremios ilegales, según lo señalado por el diario El Día.
También señalaron que los detenidos no eran trasladados -desde el subsuelo de Tribunales donde funciona la alcaidía- hasta el tercer piso, sede del juzgado de Garantías 5, que pertenece a la jueza Marcela Garmendia, pero por ausencia de ésta en ese momento estaba a cargo del juez Atencio, que además estaba y está de turno en el departamento judicial La Plata.
Cerca de las 14:30 -agregaron las fuentes- los presos aún no habían sido llevados al juzgado y esto parece haber colmado la paciencia del juez, que ante la explicación que le dieron las funcionarias del juzgado, decidió intervenir y ver qué era lo que estaba pasando en la alcaidía.
El magistrado tardó menos de un minuto en llegar, hizo abrir la puerta y allí se encontró con nueve policías comiendo pizza, explicaron las fuentes.
También relataron que los policías concluyeron con el almuerzo en forma abrupta, "desaparecieron en fracción de segundos las especiales y las de muzzarella, y finalmente trasladaron hasta el juzgado a los dos detenidos: uno recuperó la libertad y el otro pudo hacer su denuncia".
Voceros de Tribunales detallaron que el juez Atencio formuló una denuncia penal para que el fiscal de turno, Fernando Cartasegna, inicie una causa para que investigue a los 9 policías por presunta violación al artículo 249 del Código Penal.
Esa norma castiga con multa de $ 750 a 12.500 e inhabilitación especial por un año al "funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio".
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