Ley antimafia: procesan a diez personas que operaban desde un penal de Mendoza

Es el primer caso donde se aplicó la ley antimafia en la provincia.

El Juzgado Federal Nº1 de Mendoza dictó por el juez Marcelo Garnica, el procesamiento de las diez personas acusadas, de las cuales dos son reclusas y dirigían una red dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y municiones desde la cárcel.   

Diez imputados se encuentran procesados con prisión preventiva tras integrar una banda criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Mendoza. Se aplicó por primera vez en la provincia de la asociación ilícita en el articulo 210 del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 la "Ley Antimafia".

El Juzgado Federal Nº1 de Mendoza dictó, por el juez Marcelo Garnica, el procesamiento de las diez personas acusadas, de las cuales dos son reclusas y dirigían una red dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y municiones desde la cárcel.

La investigación comenzó el 5 de junio de este año a causa de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz.

"Ley Antimafia" aplicada en Mendoza.

Qué se sabe hasta ahora de la banda criminal de Mendoza

Se reveló “la existencia de una organización criminal que llevaba a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel, venta de armas y la tenencia de vehículos mellizos, liderada por dos reclusos de aquel complejo”

El Ministerio Público Fiscal coordinó junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional decidieron investigar a fondo las intervenciones telefónicas y analizar los dispositivos móviles, a los vehículos en los que se trasladaban y a un domicilio que era utilizado como el lugar para la distribución de drogas y armas.

Tiempo después la Unidad Fiscal recibió una segunda denuncia anónima en el que se especificaba que las sustancias ilícitas eran introducidas al penal durante las visitas por mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad.

Hasta el momento, se solicitaron 21 allanamientos, los cuales se realizaron entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 en distintos puntos de la provincia con intervención de fuerzas federales y provinciales. Se secuestraron: seis armas de fuego de distintos calibres, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones de distinto tipo y calibre, seis balanzas de precisión, 498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana distribuidos en flores, 14 plantas en distintos estados de desarrollo, semillas de marihuana y troqueles de LSD.

Además, se incautaron tres autos, dos motocicletas, más de 90 celulares y documentación de interés para la causa.

El juez procesó a todos los acusados por formar parte de una “estructura ilícita destinada a la comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de personas menores de edad, por la intervención de tres o más personas, y por haber ocurrido en el interior de un centro de detención; tráfico de armas de fuego y municiones; y encubrimiento agravado”.

A parte de la prisión preventiva para ellos, el juez dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de $4.680.000 respecto de cada uno de ellos.