La medida, publicada en el Boletín Oficial, disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas. El Ejecutivo sostuvo que busca fomentar la libre competencia y reducir trabas al comercio.
Kioscos y puestos de diarios ahora podrán ofrecer servicios postales, recibir correspondencia y entregar productos.
El Gobierno habilitó a los kioscos y puestos de diarios a ofrecer el servicio de casilla de correo, previa inscripción como operadores postales en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Lo hizo a través del Decreto 629/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial y, de manera simultánea, se dispuso la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.
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“El servicio de casilla de correo podrá brindarse mediante la registración ante el Enacom, organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, o a través de un convenio con un operador postal ya habilitado, que en ese caso será responsable por la prestación ante el usuario y la autoridad competente”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Con esta decisión, los kioscos de prensa quedan autorizados a realizar envíos de correspondencia general, entregar productos adquiridos en plataformas de comercio electrónico, almacenar documentación, tarjetas de débito y crédito, así como DNI y pasaportes.
El Poder Ejecutivo también derogó el Decreto 1025/2000, que regulaba la venta y distribución de diarios y revistas en espacios públicos y había creado el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores, ahora suprimido por considerarse “innecesario y obsoleto”.
“Ese marco normativo resultaba limitante para quienes participan de la actividad, generaba restricciones y ya no respondía a la realidad del sector”, argumentó la resolución.
En paralelo, la Casa Rosada recordó el Decreto 1005/24, que flexibilizó el régimen postal y abrió la posibilidad de que los expendedores de diarios y revistas pudieran desempeñarse en esa actividad mediante inscripción propia o convenio con un operador habilitado.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “remover trabas al comercio, los servicios y la industria”, y destacó que busca garantizar la libre circulación de bienes y fomentar la iniciativa privada.
“El objetivo es ampliar el acceso a un mercado abierto, incentivar la competencia y asegurar la igualdad de condiciones ante la ley”, remarcó el texto de la medida.
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