¿Protección o persecución? La legítima defensa en debate

El derecho a la vida y la libertad son derechos fundamentales por una simple razón, sin ellos los demás carecen de sentido. Un Estado que condena, restringe o imposibilita la defensa de los individuos es un estado totalitario, injusto y anti derechos.

Ampliar las circunstancias en las cuales se presume que una persona se defiende de una agresión fue, indudablemente, un gran acierto de la Ley Bases, ya que ninguna persona que proteja la vida, la libertad y la propiedad -sea suya o de un tercero- debería ser perseguida penalmente.

Frente a una situación de agresión defendernos es una necesidad inminente, muchas veces inevitable. No comparto en absoluto el criterio de quienes buscan restringir este instituto bajo pretexto de que la violencia es siempre mala independientemente de la circunstancia.

Criminalizar a quien se defiende es tan insólito que nadie debería siquiera considerarlo. Los detractores de este capítulo de la Ley Bases parecería que buscan proteger al delincuente y castigar a las víctimas -todo es válido en la búsqueda del bien común - totalitarismo por excelencia.

Esta postura que busca restringir la legítima defensa, típica del progresismo jurídico, afirma algo así como que no necesitamos tener derecho a protegernos siendo que para eso está el Estado. Son las fuerzas policiales quienes se encargan de nuestra seguridad y protección, quienes detentan el monopolio de la fuerza y quienes en definitiva están capacitados para solucionar este tipo de situaciones de inseguridad.

Lamento afirmar con absoluta convicción, que la policía es inútil para repeler agresiones y protegernos de cualquier mal inminente que pudiéramos padecer. Creer que las fuerzas de seguridad son omnipotentes y están en todas partes para ayudarnos es la ingenuidad más grande y riesgosa que se puede cometer.

El derecho penal tampoco es funcional para cumplir fines de protección, este actúa luego de que el hecho ocurrió, no antes o durante.

Está claro que para que exista una defensa legítima debe existir una agresión injustificada, una falta de provocación previa por el que se defiende y tiene que ser razonable el medio empleado en relación a la agresión que estamos sufriendo, no es de mi voluntad fomentar la venganza privada o avalar cualquier reacción violenta.

Mi intención es simplemente destacar a la Ley de Bases en lo respectivo a legítima defensa, toda vez que en situaciones límite, donde hay un riesgo inminente para la vida o la integridad física, es imposible detenerse a pensar en el medio empleado y su racionalidad.

No actuar con celeridad y contundencia desde un primer momento puede desembocar en un daño irreparable.

El legislador al modificar el inc. 6 del artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina, ha decidido mantener como requisito para que la defensa sea legítima la racionalidad del medio empleado, pero aclarando que siempre que esta limitación no implique riesgo para la vida del que se defiende o la de su familia o quien le acompañe en el momento del hecho.

Asimismo, se ampliaron los casos en los cuales la legítima defensa se presume, evitando así la persecución penal respecto de personas que evitan mediante la fuerza la entrada de un delincuente a su casa o que encuentran a una persona extraña dentro de su hogar.

También se presume legítima la defensa que tuviere lugar en un contexto de violencia de género o en robos cometidos con armas en la vía pública.

La finalidad de estas reformas fue brindar mayor cobertura para las personas que tengan que defenderse o defender a terceros en circunstancias extremadamente complejas, que requieren actuar con inmediatez y ser extremadamente expeditivos.

Como he afirmado en un principio, el derecho penal actúa luego de que el hecho ha ocurrido y que las fuerzas policiales lamentablemente siguen en esa dirección. El derecho a la vida y la libertad son derechos fundamentales por una simple razón, sin ellos los demás carecen de sentido. Un Estado que condena, restringe o imposibilita la defensa de los individuos es un estado totalitario, injusto y anti derechos.

Abogado penalista