Remiseros celebraron embargo a app de viajes y alertan a pasajeros y choferes

El sindicato de choferes de remises destacó la denuncia de la AFIP contra las aplicaciones que no tributan en el país. "Tiene que seguir ese camino", remarcaron.

Embagados. La medida cautelar a la app Beat fue pedida por la AFIP que conduce Carlos Castagneto para asegurar el cobro adeudado de aportes, contribuciones, intereses y multas de la seguridad social.

Beat

La Feración Argentina de Remiseros (Farem) celebró el embargo judicial a pedido de la AFIP por casi $2.000 millones a la app de trasporte público Beat y alertó a los pasajeros y choferes de vehículos privados para viajes por la ilegalidad de otras aplicaciones en funcionamiento.

“Celebramos la decisión política de la AFIP de embargar a esta aplicación que no cumple con los impuestos en la Argentina. Creo que Uber tiene que seguir ese camino. Ojalá que (Carlos) Castagneto siga avanzando contra todas las aplicaciones ilegales corruptas transnacionales que vienen al país a tratar de llevarse los recursos sin pagar los impuestos”, enfatizó Alejandro Poli, titular de la Farem.

El dirigente aclaró que el sindicato de remiseros “no está en contra” de las aplicaciones y sus usos para el transporte público, sino que al contrario, consideran que “la tecnología mejora la capacidad del trabajador (choferes) siempre y cuando esté dentro del convenio colectivo, y cumpla los requisitos legales de transporte, y que las empresas paguen los impuestos que tiene que pagar como lo hacen las agencias de remises”.

Las declaraciones del sindicalista llegaron poco después que se conoció que la Justicia ordenó el embargo de todas las cuentas y la inhibición de bienes de la empresa Beat, dedicada a conectar usuarios a través de una aplicación para realizar viajes en automóvil. La medida cautelar fue pedida por la AFIP que conduce Carlos Castagneto para asegurar el cobro adeudado de aportes, contribuciones, intereses y multas de la seguridad social.

El embargo es por $1.941.728.802,26, más el 15 % en concepto de intereses y costas, sobre todos los fondos, títulos, valores y bienes de cualquier naturaleza que posea o deposite en el futuro la empresa. La AFIP fundamentó la solicitud en base al cese de tareas de la empresa en el territorio argentino, entre otros países. Asimismo, se acreditó que en la app explotada por la firma ya no se aceptaban registros de nuevos pasajeros.

La plataforma Beat fue fundada en Grecia en 2011 y desembarcó en la Argentina en 2019, prestando servicio de conexión entre usuarios para llevar a cabo viajes en automóvil. En noviembre del año pasado, la firma decidió cesar sus actividades en el territorio nacional y en la región. Las autoridades atribuyeron su salida a “una decisión estratégica de los accionistas de focalizarse en los mercados europeos”.

Enterados del embargo, los remiseros no solo celebraron. También recordaron que Farem adhirió a una causa penal iniciada en 2021 contra Uber, que se amplió recientemente por unas declaraciones de Juan Labaqui, gerente de comunicaciones de la app con sede en Países Bajos, donde negó la ilegalidad de Uber. “En Argentina las leyes son nacionales, no provinciales. La aplicación en Argentina es legal, después uno puede entrar en dónde hay regulaciones de la actividad en particular, que son condiciones que pueden variar según el marco legal, por ejemplo en Mendoza o Corrientes”, dijo Labaqui, y agregó que "en las ciudades donde se no se ha avanzado con una regulación específica de la actividad, aplicamos los estándares regulados a nivel nacional, por ejemplo con los seguros, que están regulados a nivel nacional".

Los remiseros dejaron asentado en su presentación ante la Justicia que Uber no emite factura legal por sus servicios porque ni si quiera posee CUIT y que tampoco lo hacen sus choferes, lo que provoca la violación de los artículos 1, 2 y los concordantes de la Ley 11.683.

Además, aseguraron que no registra a sus trabajadores dependientes ni controla las inscripciones impositivas y previsionales de sus proveedores y que no cumple con el artículo 20 y sus concordantes de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, porque sus choferes no poseen licencia profesional ni certificados de antecedentes penales. De este modo, dicen que se incumple también la Ley 20.744 y sus modificatorias y el Convenio Colectivo de Trabajo 694/19 de los remiseros, que regulan los derechos y obligaciones de las personas físicas que prestan servicios a través de aplicativos y del trabajo en general de los conductores.

Por los dichos del gerente también se iniciaron expedientes administrativos ante la Superintendencia de Seguros por la inexistencia de cobertura de seguros y en la Cancillería ante la ausencia de tributo en el país.

Poli recordó que en el país existen muchísimas agencias de remises que tiene sus propias aplicaciones para tomar viajes, que tribuntan aquí. “Empresa como Beat o Uber, que son transnacionales, pretenden estar acá, llevarse los recursos que generamos acá y no pagar impuestos”, recalcó.