Héctor Romero, el camionero acusado por el crimen, fue desligado del caso. El fiscal salteño Eduardo Villalba anunció que apelará la resolución.
La Fiscalía sostiene que el imputado mintió y que su entorno desvió la investigación; apelarán para que el caso no se cierre.
La investigación por la desaparición de María Cash sumó un nuevo y polémico capítulo: el Juzgado Federal N°2 de Salta sobreseyó este lunes a Héctor Romero, el único imputado en la causa. La resolución judicial indica que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación contra el camionero.
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Romero había sido detenido en noviembre de 2023 y luego beneficiado con prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Estaba señalado como la última persona que tuvo contacto con la diseñadora de 29 años, cuando la llevó en su camión desde la rotonda de Torzalito hacia Joaquín V. González, en el cruce de las rutas 9/34 y 16.
La decisión generó malestar en la Fiscalía, que adelantó que apelará. El fiscal general Eduardo Villalba manifestó su desconcierto y criticó duramente el fallo: “Creemos que dio una declaración mentirosa, inexacta y, en todo momento, trató de aferrarse a las declaraciones de personas que ya nosotros tenemos comprobado que desviaron la investigación”.
Según Villalba, el imputado contó con una “red de protección” y aseguró que su comportamiento “claramente se corresponde con el de un culpable”. Durante los meses previos, el fiscal había impulsado nuevas medidas, como rastrillajes y una inspección ocular en la zona conocida como la Difunta Correa, donde Romero aseguró haber dejado a María.
“Nuestra esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio que se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntaria e involuntarias, que llevaron a la búsqueda rápidamente en un sentido erróneo… Tenemos la esperanza que nos diga dónde está el cuerpo”, había declarado Villalba.
Aunque desde el Juzgado se calificó la investigación como “rigurosa e imparcial”, el fallo dejó al caso otra vez en suspenso, a la espera de que la apelación reabra un expediente que lleva más de una década sin resolución.
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