La toma concluirá con una marcha a la Legislatura.
Estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, que ocupan 22 colegios sin dictado de clases en reclamo de mejoras edilicias, firmaron un acta compromiso con el gobierno porteño donde las autoridades educativas se comprometerían en 48 horas a evaluar la situación colegio por colegio.
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Esta propuesta será evaluada por los alumnos en asambleas y cada colegio decidirá si levanta o no la ocupación que mantienen desde hace más de diez días, por lo que "hasta ahora las escuelas siguen tomadas", dijo una de las estudiantes que participó en la reunión.
El principio de acuerdo entre los estudiantes y el ministro Esteban Bullrich se concretó en la sede de la cartera educativa sita en Paseo Colón 255, tras una reunión que demandó casi cuatro horas. Bullrich, pese a que se oponía a reunirse si es que no deponían las tomas, aceptó dialogar con los jóvenes.
Fuentes allegadas a la reunión dijeron que los estudiantes plantearon al ministro un aumento en el presupuesto destinado a infraestructura escolar y que el gobierno porteño les contestó que "era una tarea difícil porque tenían que elevar a la Legislatura y esperar la respuesta".
"Una vez que recibieran esa respuesta van a ejecutar el 100 por ciento del presupuesto ya que hasta el momento se ejecutó sólo el 7 por ciento", precisó la estudiante. De la reunión participaron 24 estudiantes que representan a más de 40 escuelas de la ciudad y se concretó tras la visita que Bullrich hizo en forma sorpresiva al colegio Justo José de Urquiza del barrio de Flores, donde los convocó a este encuentro, con la condición de que depusieran las tomas.
Los jóvenes, reunidos en asambleas, rechazaron esta propuesta y llegaron al Ministerio, con la idea de dialogar sin levantar las protestas, lo que finalmente fue aceptado por las autoridades educativas.
"No negociamos levantar las tomas porque ya hemos agotado todos los recursos de diálogo y no fuimos escuchados. Aquí hay problemas de todo tipo, desde infraestructura hasta de seguridad, pasando por la construcción de más escuelas, becas y viandas", aseguró Juan Amorim, delegado del colegio Lengüitas.
Las tomas se generalizaron a 23 escuelas secundarias y a los reclamos de los estudiantes se sumaron legisladores, sindicatos docentes y padres, quienes apoyaron la protesta de los alumnos al reclamar la apertura de un canal de diálogo para destrabar el conflicto.
La adhesión de sectores políticos y sindicales se acentuó tras la difusión de un memorando que el ministerio de Educación dirigió a los directores de escuelas, en las que se les sugería que, en caso de toma, debían identificar a los alumnos que realizaban la protesta y realizar una denuncia policial.
La asesora general tutelar de menores de la ciudad, Laura Musa, dijo que el gobierno porteño "decidió dar de baja ese memorando que lesiona los derechos de los niños".
La Asesoría Tutelar fue convocada por la cartera educativa porteña para monitorear las acciones de mediación que Bullrich anunció y que llevará adelante el Consejo de los Derechos de de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad y los consejos de convivencia de cada escuela.
Musa destacó que su función será controlar que las acciones que se tomen en los colegios "no lesionen los derechos de los niños y uno de esos perjuicios son las listas requeridas para identificar y judicializar las tomas de colegios".
"Hay una resolución del gobierno porteño emitida en el 2008 que planteaba estas cuestiones y que era muy restrictivo, por lo que su efecto fue suspendido por la jueza Elena Liberatore tras varios recursos de amparo presentados. Este memorándum es más liviano pero implica lo mismo", dijo Musa.
Precisó además que "el gobierno porteño se negaba a reconocer a los estudiantes como actores de este conflicto y planteó una sobreactuación cuando utilizó a un rector de una escuela para denunciar a chicos de un colegio ante la policía".
La funcionaria resaltó, además, que "el gobierno porteño no puede administrar este conflicto democráticamente y avanza con acciones penales que no tienen sustento legal, mientras que los directores de escuela sufren de una pobreza institucional si tienen que recurrir a un instructivo para resolver este tipo de conflicto".
Docentes, legisladores, estudiantes y organismos de derechos humanos presentaron hoy ante la justicia pedidos de inconstitucionalidad y amparos contra la resolución del Ministerio de Educación porteño.
Los estudiantes tienen previsto marchar con los docentes a la Legislatura porteña para dialogar con los diputados y plantearles la necesidad de votar un aumento presupuestario destinado a la reparación de escuelas.
