AMIA y Embajada de Israel se pierden en procesos judiciales

La solución del terrible atentado que destruyó la sede de la Embajada de Israel en 1992 se perdió en un laberinto judicial. Lo mismo con el atentado a la AMIA en 1994. Esa vía, necesaria, ¿bastaba para conocer la verdad, sancionar a los culpables y brindar una explicación al público?

Ni los hombres de Derecho alcanzan a explicar por qué en nuestro país los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA son causas judiciales, al menos desde el principio. ¿Quién oyó mencionar el nombre de un solo juez en Estados Unidos con motivo de los aviones incrustados en las Torres Gemelas, en el Pentágono y el cuarto que cayó a tierra? ¿Qué fiscal condujo las investigaciones por los trenes de Atocha en España que derivaron en la cuasi captura --evitada por suicidio-de los responsables? ¿Qué causa judicial se abrió por los siete atentados en subterráneos y autobuses en Gran Bretaña, la primera oleada exitosos y la segunda fallidos, a pesar de haberse clarificado en su totalidad?

Habrá posiblemente al final un juicio, pero en ningún caso los macroatentados del terrorismo internacional en los países del Primer Mundo son enfrentados por un mero juez o fiscal desde el inicio.

En Estados Unidos, aparecieron de inmediato el presidente de la Nación al comando de las acciones, el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el del FBI, la CIA y otros organismos de Estado.

En Gran Bretaña, fueron el jefe de Scotland Yard y el primer ministro Tony Blair, el jefe de Inteligencia Militar y el de Inteligencia Civil en todo momento. Lo mismo en España: las más altas autoridades policiales, militares, de inteligencia y de gobierno se hicieron cargo desde el primer instante, aun a tres días de las elecciones nacionales.

• Cuestiones de Estado

En cambio, en la Argentina, con dos atentados que costaron la vida a más de 130 personas, con sospechas de colaboración policial interna, de funcionarios iraníes involucrados y de organizaciones terroristas extranjeras detrás, entre los cuerpos de las víctimas y los escombros humeantes ya caminaba un juez. A evaluar por los resultados, lo más efectivo para no llegar a nada tenía todo en manos de la Justicia ordinaria. ¿Intervino algún juez en la toma del teatro de Moscú o de la escuelita de Beslan por parte de terroristas chechenos en Rusia? Hubo cientos de muertos en cada caso, negociaciones previas, liberación de prisioneros, todo a cargo del gobierno. Tampoco se efectuó demasiada investigación posterior. Se entiende que son cuestiones de Estado.

Distinto fue Nuremberg para juzgar la barbarie nazi, que con un tribunal de civiles y militares (los dos jueces soviéticos eran castrenses) se determinaronpenas para los responsablesdel régimen una vez concluidas las acciones. Todos los ejércitos aliados se encontraban en suelo alemán. Lo mismo el tribunal de La Haya respecto de la Guerra de Bosnia, que juzga a criminales genocidas con total apoyo de diversas naciones y cuando el conflicto está superado. En la Argentina, los organismos de Estado derivaron todo en un muchacho de 34 años a cargo de un juzgado federal, sin más custodia que dos policías. Y si se considera la existencia de policías entre los acusados, esto resulta más amenazador que tranquilizante. Similar era el caso de Eamon Mullen, fiscal de la causa, otro muchacho de barrio seguramente con hijos en edad escolar. ¿Cómo podrían personas tan vulnerables y con tan escasos recursos enfrentar a Hamas, Yihad Islámica o eventualmente a la República de Irán? La experiencia internacional indica que cuando un juez combate a una mafia en forma individual, como Giovanni Falcone en Italia, termina volado en pedazos por el aire. Un ataque terrorista es una emergencia de Estado, y es el Estado completo quien debe enfrentarlo. Cuando extremistas palestinos coparon el crucero Achille Lauro y arrojaron por la borda a un anciano turista estadounidense, para peor en silla de ruedas, el presidente Ronald Reagan no ordenó abrir ninguna causa judicial, sino que dispuso el bombardeo de la capital de Libia con aviones F-111, que le costó la vida, entre otros, a un hijo de Muammar Kadhafi, supuesto promotor del asalto. Se esté de acuerdo o no con la participación argentina, fue el envío de naves a la Guerra del Golfo de 1991 lo que atrajo la atención del fundamentalismo islámico hacia nuestro país. Son decisiones políticas discutibles, que acarrearon análogas consecuencias a España, Gran Bretaña y Australia con los asistentes a la discoteca de Bali. Pero en esos países se asumen como cuestiones de Estado.

Similar encuadre debería aplicarse si se trata de un grupo armado interno rebelde, por ejemplo, una fracción de las Fuerzas Armadas.

Recuérdese el primer alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, cuando debió concurrir el juez Alberto Piotti a cargo de San Isidro hasta Campo de Mayo para intimarlosa la rendición. Un hombre solo, vestido de traje y corbata, con una carpeta bajo el brazo, entre las risotadas burlonas de los coroneles y sargentos provistos de fusiles, granadas y pistolas. Esto pareciera desviación indeseada de la guerra antisubversiva de los años '70, porque en otras épocas, como durante el enfrentamiento entre Azules y Colorados, o antes en las revoluciones de 1955 -con gran cantidad de víctimas civiles-, o luego en otras reyertas y alzamientos, como el del brigadier Capellini, los conflictos se dirimían en el nivel militar y político.

Después del gobierno del Proceso 1976-1983, parece haber sobrevenido una exagerada confianza en la ortodoxia judicial como única vía para resolver esos casos. Con los carapintada tuvo que negociar en definitiva el presidente de la Nación en persona, Raúl Alfonsín. El alzamiento de La Tablada fue reprimido por militares, y muy posteriormente juzgado por tribunales civiles. ¿Qué puede hacer un juez al inicio de semejantes acontecimientos? Años más tarde, Alberto Piotti confesaría en una entrevista que aquel día al retirarse de Campo de Mayo lloró de impotencia, tras la segunda y tan inútil como la primera intimación a rendirse al coronel Aldo Rico. Otra prueba de que se trata de cuestiones macropolíticas la aporta el destino final de los alzados en armas, visto que los subversivos de La Tablada resultaron indultados y los sediciosos carapintada devinieron en intendentes, legisladores nacionales. ¿En qué quedó la macrocausa por el derrocamiento civil de Fernando de la Rúa y hechos adyacentes? Hubo 25 muertos, ministros y secretarios que abandonaron sus funciones, dirigentes de la oposición acusados de fogonear a los vándalos de la provincia de Buenos Aires... Sin embargo,-en lugar de ser asunto de Estado, nació como investigación judicial. Fojas y fojas que se apolillan, cuando no deriva a la Corte Suprema de Justicia, igual que varios otros casos en que nadie sabe qué resolver.

Se dice que Irán pasó de comprar 350 millones de dólares anuales en exportaciones argentinas a 700 millones luego de los atentados terroristas. Y que detrás de aquéllos estarían la Yihad Islámica y Hamas. No caben dudas de que Bin Laden es un genio del mal, un hombre brillante abocado a la destrucción de Occidente, con vastos recursos económicos personales, adeptos seguidores en muchas partes del mundo, más un buen número de países ricos que colaboran detrás. ¿Cómo puede concebirse que un par de asalariados estatales argentinos vaya a lidiar con semejantes poderesy presiones? La prueba es que en los otros países se llega inmediatamente a la verdad: se arrestan sospechosos, masacran culpables, incluso pierden la vida inocentes, se toman medidas con implicancias constitucionales como la expulsión de residentes extranjeros, el congelamiento de cuentas millonarias, la cancelación de visados, reforma de leyes históricas, todo sin consultar a jueces ni a Parlamento ninguno.

• Sainete criollo

Decía Perón que si se desea que un escándalo quede en nada, debe nombrarse una comisión investigadora. «Cuando el asunto queda a cargo de una comisión -a más numerosa tanto mejor-, empiezan por nombrar secretarios, coordinadores, asesores, eligen quién presidirá; discutenel reglamento interno de cómo va a funcionar, alcances de sus dictámenes, días en que se reunirán, y allí ya se pierden dos meses.» Al menos en la Argentina. Y la vía de las causas judiciales para asuntos macro de Estado parece funcionar igual. El juicio de la AMIA, y su causa conexa la voladura de la Embajada de Israel, ha sido un ejemplo típico, un clásico del sainete criollo, que llegó a incluir declaraciones de agentes secretos a cara descubierta frente a la prensa internacional. Tras diez años de instrucción y cinco meses de audiencias, los acusados quedaron en libertad, los sospechosos no fueron siquiera imputados, y el juez resultó destituido. Efectivamente, el comisario Juan José Ribelli, quien no pudo explicar el aumento de un millón de dólares en su patrimonio luego de los atentados, y el duplicador de automóviles robados Carlos Telleldín, se encuentran a punto de recibirse de abogados, y libres de culpa y cargo.

Además, podrán pleitear al Estado por la arbitrariedad que se cometió contra ellos.

Los mencionados Hamas y Yihad, o los funcionarios de la embajada iraní que fueron filmados por la SIDE mientras pedían precios de camionetas Trafic (antes de los ataques), ni siquiera resultaron imputados. Y se hallan ofendidos por su sola mención durante los debates. Al otro lado del mostrador, Eamon Mullen renunció a tiempo y se retiró, y el pobre juez Juan José Galeano fue procesado y destituido. Las víctimas y damnificados se han sumado como querellantes a la causa, y exigen junto con entidades judías y personas de bien de toda la Argentina y del mundo el pronto esclarecimiento de los hechos. Apelan a la Corte Suprema, abominan del juicio realizado, aplauden la destitución del juez, sin preguntarse por qué esta línea de acción no se ha visto en ningún otro de los países atacados. Suman y suman folios y legajos a la yerma causa judicial, en este triste e inexcusable sainete criollo.