La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado argentino arribaron a un principio de acuerdo para poner fin a la condena a perpetua que hoy rige sobre menores acusados de homicidio. Aunque el gobierno ya tiene un proyecto de ley con un tope de 12 años para las penas a aplicarse contra menores, la solución surgiría antes, de la mano de la Corte Suprema de Justicia. En ese tribunal se perfila un fallo que vendría a complacer a la CIDH, porque declararía inconstitucional la prisión perpetua para menores. La decisión de los jueces supremos tendrá incidencia sobre 11 casos.
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La controversia fue discutida en Washington, en una audiencia de la CIDH que fue presidida por la comisionada peruana, Susana Villarán, y en la que se reclamó al Estado argentino que resuelva la situación de los jóvenes a los que se les impuso perpetua, contradiciendo la Convención Internacional de Derechos del Niño. En algunos casos, hay menores que llevan más de seis años detenidos. La encargada de llevar adelante la petición fue la defensora general sustituta, Stella Maris Martínez. La queja la escucharon representantes de la Cancillería argentina y del Ministerio de Justicia. Ambas áreas de gobierno alegaron que, sin perjuicio de estudiar las situaciones particulares, está en estudio de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia una ley que pone límites (12 años) a las condenas que se aplican contra menores.
• Reforma integral
La respuesta buscó conformar el reclamo de Martínez. Sin embargo, la defensora se las ingenió para que la modificación punitiva estuviera inmersa en una reforma integral de lo que denominó «régimen de responsabilidad penal juvenil». Y recordó que en el Congreso hay 40 proyectos de ley modificando la actual legislación penal de menores con resultados negativos.
Lo que pretende la defensora oficial es que amén del fallo de la Corte Suprema, exista una ley acorde con la Constitución y los pactos internacionales, que le impida a los jueces condenar por encima de lo que dicta esa norma. El caso argentino es uno de los pocos en su tipo. En Latinoamérica prácticamente todos los países reformaron sus legislaciones, estableciendo topes de penas que no superan los 15 años para menores de edad. Tras los dimes y diretes, se avanzó en una solución amistosa (el Estado ya fue reprendido por incumplir lo que dice la Constitución sobre pactos internacionales) se estableció un cronograma de trabajo entre la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la defensa pública oficial, que será monitoreado por la Comisión Internacional en forma directa. Paralelo a la discusión internacional, la Corte Suprema prepara por primera vez un fallo sobre la validez constitucional de las condenas a prisión perpetua a menores.
Ese expediente está en el despacho de Enrique Petracchi y se refiere a la situación de Daniel Maldonado (actualmente con mayoría de edad) condenado a perpetua por el asesinato de un comerciante durante un asalto a un negocio en Capital Federal, el 28 de febrero de 1998, cuando tenía 16 años. Desde el 26 de abril hay un dictamen de la Procuración General de Esteban Righi, que se opuso a reducir la pena a Maldonado y consideró que la perpetua a menores no es inconstitucional. Esta opinión, no vinculante, se basó en considerar que como l a prisión perpetua en la Argentina permite la excarcelación o la libertad condicional, no sería violatoria de pactos internacionales sobre los derechos del niño. Quienes sostienen lo contrario, remarcan que estos beneficios no son comparables a la libertad, debido a que son otorgados de manera discrecional en base a informes penitenciarios. Maldonado había sido sentenciado a 14 años por un tribunal oral, pero luego y a pedido de un fiscal, esta pena fue elevada a prisión perpetua por la Cámara de Casación.
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