Armas: juez decide mañana sobreYoma y cita a más políticos

El juez de la Capital Federal Jorge Urso decidirá entre mañana y el miércoles, a más tardar, la situación procesal de EmirYoma por su presunta responsabilidad en la venta de armas supuestamente ilegal a Ecuador y a Croacia. De acuerdo con fuentes judiciales, Urso podría dictar el procesamiento y la prisión preventiva del ex asesor presidencial y ex cuñado de Carlos Menem, con lo que el caso pasaría a decisión de la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña, el verdadero motor de la detención de Yoma al ordenarle al juez que investigue la asociación ilícita y especialmente a Yoma. La base principal de la acusación está en las imputaciones de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, quien también sería procesado por asociación ilícita aunque en su caso ya no sería jefe sino integrante, por lo que podría pedir su excarcelación hasta la sustanciación del juicio oral y público.

Es esa instancia superior en la que el abogado Mariano Cúneo Libarona cree que podría revertir la prisión de Yoma aunque no se sabe si por la inexistencia de asociación ilícita (un cargo difícil de probar que se puede aplicar cuando no se puede comprobar la culpabilidad de una persona pero se la quiere detenida) o si porque el ex funcionario responsabiliza a alguien más en la cadena de ex colaboradores de Menem que participaron de esa operación de exportación de armamentos.

En ese punto, se consideró de suma importancia el aporte de Domingo Cavallo. El ministro de Economía volvió a poner énfasis en que el tráfico de armas a Croacia podría estar la mano de Monzer Al Kassar, con lo que, de acreditarse esta aseveración, los ex ministros y el propio Menem quedarían fuera de la asociación ilícita y la responsabilidad penal estaría reducida a un grupo de intermediarios que podrían quedar acusados de presunto contrabando. Por otro lado, lograr que el vendedor de armas sirio de fuertes lazos con el gobierno de su país y con los servicios secretos de España y de Estados Unidos, pueda ser indagado en la Argentina, requiere de un objetivo judicial mucho más complejo que perseguir al anterior gobierno.

De todos modos, Cavallo no se olvidó de sus pujas con Menem y recordó que el ex presidente tendría que ser citado por la Justicia, una circunstancia que también podría arrastrarlo a él por ser otro de los firmantes de los decretos que posibilitaron la venta de armas a Ecuador y a Croacia y por la cual están involucrados varios ex ministros. Pero sus asesores -incluido su jefe de legales y mano derecha en el ministerio, Alfredo Castañón-creen que la responsabilidad de Cavallo es mucho menor que la de los ocupantes del Ministerio de Defensa. Sostiene que tanto Oscar Camilión como Antonio Erman González podrían conocer en detalle el origen de las operaciones de venta, e incluso existen declaraciones que complican a sus subordinados.

Una de ellas habla de la actuación de Guillermo Etchechoury (secretario de Planeamiento) por parte de Luis Sarlenga -el ex presidente de Fabricaciones Militares que complicó seriamente a Emir Yoma en torno de una comisión producida por la venta de armamentos. Según Sarlenga ese dinero habría sido girado por Diego Palleros -un coronel retirado del Ejército que se encuentra refugiado en Sudáfrica a una cuenta que tendría habilitada en el Banco General de Negocios (BGN) el ex asesor de Defensa, Norberto Emanuel.

González, Camilión, Guido Di Tella (Relaciones Exteriores) y el ex jefe del Ejército Martín Balza serán llamados a ampliación de indagatorias y no se descarta que también podría ser llamado Carlos Menem por su condición de principal firmante de los decretos, aunque antes de que llegaran a su firma esas normas legales pasaron por el control de una comisión interministerial y por los propios ministros de entonces. Estos habrían garantizado que el destino de las armas era Panamá y Venezuela y no Croacia o Ecuador.

En ese caso, su situación legal sería la misma que la de Cavallo, en la que no se podría acreditar que armaron una asociación ilícita en el gabinete. «Es una locura», precisó una fuente de la Cámara de Casación Penal adonde el caso podría llegar si se apela cualquier decisión de los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani. La misma frase pero para desechar cualquier intervención de la Corte fue pronunciada en el máximo tribunal ante las versiones que daban como estrategia de la defensa de Yoma pedir el comparendo del ex embajador norteamericano James Cheek debido a las imputaciones que hizo el propio Sarlenga. «Este año, la Corte derivó a la competencia de sus jueces naturales a varios casos que involucraban a ex diplomáticos.»

En ese análisis tampoco podría achacársele asociación ilícita a Di Tella pese a que el canciller hizo caso omiso a un cable de su embajador en Lima, Arturo Ossorio Arana, donde se alertaba sobre los embarques a Ecuador en los aviones de Fine Airlines por parte de la Inteligencia peruana. Por esa omisión, Di Tella está procesado por presunta obstrucción a la Justicia, un cargo penal que es excarcelable. También hizo caso omiso a las advertencias del actual embajador en China, Federico Bartfeld, quien en esa época prestaba servicios en los países de la ex Yugoslavia que se encontraban sumidos en la Guerra de los Balcanes, donde Estados Unidos apoyaba a Croacia.