Emir Yoma se presentará hoy ante los camaristas federales Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi para hacer una exposición oral sobre su presunta responsabilidad en la venta de armas a Ecuador y a Croacia por la que está detenido con prisión preventiva en el Escuadrón Gendarmería de Campo de Mayo. El ex cuñado y asesor «ad honórem» de Carlos Menem no hablará de cuestiones jurídicas, sino de cuestiones personales que le afectan por esta detención: de su familia y su curtiembre en Anillaco (La Rioja), donde dice que están afectados muchos trabajadores; obviamente, negará todos los cargos en su contra.
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La defensa técnica se hará mañana, cuando el abogado Mariano Cúneo Libarona presente un memorial donde refutarán una por una las acusaciones del fiscal Carlos Stornelli y del juez Jorge Urso, quienes le imputan ser el presunto organizador de una asociación ilícita que se habría armado desde el gobierno de Menem -con su supuesta jefatura-para vender material bélico del Ejército a croatas y a ecuatorianos. Para ello, acusan de que se falsificaron los decretos que contabilizaron como destinos finales a Panamá y a Venezuela, aunque el dinero exigido por Fabricaciones Militares ingresó en su totalidad en esa empresa estatal.
Este reconocimiento de que en FM ingresó la totalidad del dinero cobrado al salir las armas de la planta fue del propio Luis Sarlenga, el ex interventor de FM que oficia de virtual arrepentido y se encuentra entregando información al fiscal y al juez. Sin embargo, el precio final pagado por croatas y ecuatorianos fue de 150 % más -se habla de un precio FOB (puerto de embarque) de $ 40 millones contra una cobranza de $ 100 en precio de CIF (puerto de desembarco)-, cuya diferencia habría quedado en la intermediación del negocio: el ex coronel Diego Palleros, presuntamente asociado con el francés Bernard Lasnaud, en un caso, y el venezolano, Alexis Pirella Avila, en el otro, además de varios personajes secundarios.
La actuación de Palleros y su larga relación con Fabricaciones Militares desde la época del Proceso militar, continuada luego con el anterior gobierno de Raúl Alfonsín y la primera mitad del de Menem, será uno de los ejes de la defensa de Yoma. El empresario riojano niega que pudo haber sido el organizador de esa asociación ilícita, porque recién tomó contacto con el militar refugiado y protegido en Sudáfrica dos años después de que hayan comenzado estas ventas a Croacia y a Ecuador, que se encontraban en guerra con Bosnia y Perú, respectivamente. En el negocio mundial de armamentos, la urgencia del hecho bélico incrementa automáticamente los precios y obliga a los proveedores a camuflar el destino.
Estimaciones
Yoma y sus abogados creen que la Sala II -la misma que pidió investigar los niveles superiores del Poder Ejecutivo-revocará el procesamiento y prisión preventiva del ex cuñado y asesor de Menem, aunque no se espera un pronunciamiento inmediato de este tribunal. Pese a que algunos de sus miembros se han encargado de señalar que no se los puede culpar de la detención de Yoma porque ellos no determinaron esa decisión al no incluirlo en sus últimos fallos, relegando la responsabilidad en fiscal y juez, como tampoco la calificación de asociación ilícita, allegados a la Sala II entienden que confirmará lo actuado por los controvertidos Stornelli-Urso.
En tanto, el juez cursará hoy citaciones al ex coronel Mohamed Alí Seineldín, a Zulema Yoma y al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.. El militar carapintada acusó al ex presidente de conocer en detalle toda la venta de armas, mientras que su ex esposa sostiene que a su hijo «Carlitos» lo mataron (supuestamente) por conocer quiénes estaban en esta operación y que entornaban al ex presidente. Zulema Yoma nunca aceptó el fallo judicial que calificó de accidente a la caída del helicóptero en que viajaba el hijo del ex presidente. También hoy ingresará en el fuero de instrucción una denuncia de Urso contra dos abogados a los que acusa de haber intentado (presuntamente) comprar una rectificación de Sarlenga de su declaración anterior, cuando complicó a Yoma después de haber pactado con Stornelli su desvinculación como jefe de asociación ilícita que podría llevarlo a la cárcel entre 5 y 10 años.
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