El juez Jorge Urso habría encontrado ayer una salida para la difícil encrucijada a la que lo sometió el controvertido fiscal Carlos Stornelli al pedir la indagatoria y, seguramente, la detención de Carlos Menem. Urso podría citar solamente al ex presidente por la presunta falsedad ideológica -es excarcelable-de los decretos que permitieron la venta de armas y no por asociación ilícita. De esa manera, cumpliría con la Cámara Federal que le ordenó profundizar la investigación y al mismo tiempo evitaría una crisis política sin precedentes. El tema habría sido analizado entre el juez y al menos tres personas, de las tantas que estuvieron con él, en las últimas 48 horas. Como respuesta a la ofensiva judicial, todo el PJ montará hoy en el Congreso una cadena solidaria con Menem.
El juez federal de la Capital Jorge Urso no llamaría a indagatorias a Carlos Menem como presunto jefe de una organización ilícita que -según la acusación fiscal-vendió armas de manera ilegal a Ecuador y a Croacia sino por presunta «falsedad ideológica» al firmar los decretos que posibilitaron esa exportación. Esto disparará, de confirmarse, la posibilidad de una detención del ex presidente. El magistrado, que pareció retomar el centro de la escena después de haber sido encerrado por la estrategia de acusación de Stornelli y la Sala II de la Cámara Federal Penal habría ido más lejos al confesar a un íntimo que si llama al ex presidente por esta última figura también lo haría con Domingo Cavallo, que firmó los mencionados decretos junto al resto del gabinete anterior y a quien Stornelli -sin explicar las razones-exceptuó de su convocatoria a indagatoria.
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En coincidencias con esos trascendidos conocidos en las cercanías de Urso, se supo que Fernando Archimbald, ex juez y defensor de Ermán González, presentó un recurso de casación pidiendo que se declare la nulidad de todo lo actuado. La presentación recayó en la Sala IV de Asuntos Militares que integran los jueces Gustavo Hornos, Ana Capolupo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal. Este tribunal deberá pronunciarse sobre la calificación de los delitos y en esta investigación pero en el capítulo referido al contrabando ya existe el antecedente de haberle revocado algunas disposiciones al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Económico N° 3. También Archimbald hizo resguardo del «caso federal» para llevar el tema a la Corte.
Apuesta
Por su parte, Urso decidió restarle importancia a la politización que pretende Stornelli al denunciar presiones del PJ. El juez elevó aun más la apuesta judicial que ha complicado seriamente el escenario político del país al dejar entrever que el ministro de Economía pueda ser procesado. Nadie quiere imaginar el efecto para los mercados financieros de una foto con Cavallo en tribunales. En esa nueva actitud, opacada después de la detención de Emir Yoma, el juez les dijo a periodistas de tribunales que «no recibió presiones de ningún sector de poder y que se va a tomar todo el tiempo necesario para resolver el pedido de Stornelli». El fiscal había señalado unos minutos antes que la reacción en cadena del PJ tenía como propósito «atemorizar» a Urso creando una imagen nada favorable para el magistrado.
El fiscal reclamó no sólo la indagatoria a Menem sino al ex ministro de Defensa, Ermán González, y al ex jefe del Ejército Martín Balza, bajo los cargos -para estos últimos-de ser los presuntos organizadores de esa supuesta asociación ilícita, cuya tipificación dividió a los tribunales. Muchos jueces entienden que esa calificación sólo puede abonarse cuando existe un grupo que se arma para cometer delitos indeterminados y no para calificar la decisión política -aunque haya sido la inadecuada-de un gabinete ministerial.n La estrategia judicial de Urso parece seguir la teoría de subir la cadena de escalón en escalón y no hacer lo del juez Julio Speroni en Penal Económico que directamente decidió ir por González para determinar el presunto delito de contrabando y recién, después, indagar a sus subordinados en el Ministerio de Defensa.
Esa jugada se la adjudican --pese a los antecedentes intachables de Speroni-a un criterio de la Sala B que pareciera manejar el cuestionado camarista Marcos Grabivker. En ese fuero --existen algunos jueces que consideran que no está probado el delito de contrabando y que, hasta ahora, no se ha podido demostrar en el expediente que armas argentinas hayan sido vendidas a Croacia-causa extrañeza el impulso que decidió darles la Sala B a las investigaciones de Speroni -existe otra a cargo del juez Bernardo Vidal Durand que esperará estas indagatorias-cuando durante el anterior gobierno no demostraba tanta prisa.
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